Los legisladores porteños cayeron ayer en la cuenta: el polémico Código Contravencional local, conocido como Código de Convivencia -nominación en la que innovó el ex Frepaso en sus épocas de esplendor-no se aplica, y con esa resignación más otros factores, decidieron reducir la cantidad de jueces en la materia que se desempeñarán en la Ciudad.
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Ahora dicen que a fin de año, luego de 4 años de planificaciones, estarían funcionando en la capital los 24 juzgados vecinales de primera instancia, lo que no garantiza, claro, la aplicación de tal Código, carencia que como excusa esgrime que la Ciudad no tiene autoridad sobre la Policía.
La Capital Federal dispuso ayer, por una ley, la reducción del plantel de jueces contravencionales y de faltas, es decir los magistrados locales que se ocupan de juicios referidos a faltas de disciplina de los vecinos que no llegan a constituir delitos penales. Originalmente se pautaron 38 juzgados, pero una norma anterior los redujo a 30 y la de ayer a 24, cuando en la actualidad funcionan sólo 4, mientras que 38 pliegos de aspirantes duermen para ser aprobados en la Legislatura. Doce de esos nominados, por cierto, serán tachados de las listas.
•Concursos
En principio el diseño de la Justicia local, tras la autonomía porteña que se inició en 1996, se hizo en 1997 y en 1999 el Consejo de la Magistratura convocó a concursos de jueces idóneos para ocupar esas oficinas.
Aseguran que en esa oportunidad, al resolverse los concursos el conjunto de agraciados marcaba una hegemonía radical y que eso, quizá haya constituido una causa anexa en la voluntad legislativa para bajar a 24 esos aspirantes y también quitar 8 jueces de Cámara.
El proyecto que finalmente se aprobó había sido redactado por el ex belicista Lucio Ponsa Gandulfo (alistado luego en las filas de Mauricio Macri), quien en los fundamentos que dieron origen a la votación de ayer, sintetiza razones de esa modificación. «Es indispensable aclarar que el Código Contravencional lamentablemente no se aplica en plenitud en la Ciudad -sentenció el ex acólito del ministro de Justicia Gustavo Béliz-punto que tiene suma importancia, dado que crecería exponencialmente el volumen de expedientes que deben ser analizados en sede judicial, de aplicarse toda la normativa vigente».
Con esa contundencia, se agregó además una nota de la presidenta del Consejo de la Magistratura, Bettina Paula Castorino, quien evaluó que «optimizando las posibilidades de infraestructura y las obras actualmente en construcción, en el curso del presente año no será posible constituir efectivamente y poner en funciones a más veinticuatro jueces de Primera Instancia». Por ese problema de espacio y para evitar «múltiples problemas institucionales», los legisladores acordaron reducir gastos y ladrillos.
De esa manera prometen que hacia fin de año estarían funcionando a pleno las 24 oficinas judiciales junto con 24 fiscales en despachos «bicéfalos», es decir dos por local, más 16 defensores también agrupados de a dos por oficina.
•Prolongación
Mientras tanto la norma sancionada ayer dispuso prolongar por tres años la vigencia de los concursos formulados en su momento, una cuestión que se modificó ya que el proyecto original preveía 2 años. El ibarrismo, llamado ahora Fuerza Porteña, acompañó la votación a pesar de perder a la hora de las modificaciones ya que proponía bajar no a 24 sino a 20 los juzgados, casi la mitad de los determinados inicialmente cuando la ley 7 -ahora modificada en forma transitoria-organizó el Poder Judicial porteño, en la época en que Aníbal Ibarra era el vicepresidente de la Legislatura y Fernando de la Rúa el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
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