AMIA, nuevo escándalo: investigan a un fiscal

Judiciales

La investigación del atentado contra la AMIA y su proceso judicial se han desarrollado desde sus comienzos en medio de intrigas, enfrentamientos y hasta irregularidades descomunales. Entre sus fojas, ya cayeron devorados un juez (Juan Galeano) y quedó «despeinado» algún otro (Claudio Bonadío). Ahora la voracidad de la causa está a punto de tragarse a un fiscal: Marcelo Martínez Burgos. Se trata del adjunto de la fiscalía especial creada para pesquisar el atentado terrorista. Es decir, el segundo de Alberto Nisman. Entre sus peculiaridades, el pleito por la voladura de la AMIA es acaso el tema de vinculación más estrecha entre la Argentina, su gobierno y la escena internacional, dominada por las tensiones crecientes entre Estados Unidos e Irán. La última novedad importante de la causa fue la acusación formulada por el juez Rodolfo Canicoba Corral, inspirada en un dictamen detallado de la fiscalía, contra autoridades del Estado iraní, entre ellas un ex presidente de ese país y varios diplomáticos. Esa conducta obtuvo un respaldo decidido de Néstor Kirchner, que se expresó sobre todo en la defenestración del piquetero Luis D'Elía -ahora peregrino a Irán- de la Secretaría de Vivienda y Hábitat que ocupaba en el gobierno.

La representación del gobierno de Teherán en la Argentina, cuyo titular es el encargado de negocios Moshen Baharvand, diseñó distintos planes de acción como respuesta. Uno de ellos fue la contratación de un equipo de abogados para defender a los funcionarios imputados por los fiscales y el juez. Entre los estudios cuyos servicios pensaron contratar los iraníes estuvo el de Juan Martín Cerolini, Ricardo Montemurro y asociados. La selección no habría sido azarosa, claro: Cerolini, líder del estudio, tuvo una participación destacada en el juicio oral que terminó con las absoluciones de la llamada conexión local. La estrategia defensiva de los abogados fue, según la información que trascendió del propio estudio, la previsible: socavar la solidez de la prueba aportada por Nisman y Martínez Burgos hasta hacer caer la causa. En el ambiente tribunalicio corrió la versión, hacia fines de noviembre del año pasado, de que se habían acordado honorarios por 6 millones de dólares por todo concepto. Todo fue para atrás por una orden llegada desde Teherán: la república islámica no designaría abogado alguno en la causa porque de eso derivaría aceptar la jurisdicción argentina en el caso, algo que Irán no está dispuesto a hacer.

De todos modos, la embajada en Buenos Aires no habría renunciado a trabajar en el frente judicial local. Sobre todo por la urgencia que planteaba una instancia internacional que se aproxima para el mes próximo: la votación en Interpol sobre la razonabilidad de la orden de captura emitida por Canicoba. El plan ya no era pleitear en el juzgado en defensa de los funcionarios acusados sino quebrar la credibilidad de la acusación produciendo una crisis política entre los magistrados que intervienen en la investigación. El objetivo: promover la renuncia de Martínez Burgos y dar a entender a través de ella una disidencia general con los argumentos empleados para acusar al gobierno de Irán. Curioso, la vía de la embajada para llegar hasta Martínez Burgos habría sido el mismo Cerolini, es decir, el abogado que quedó descartado de la estrategia inicial. Si se quiere, es lógico: Cerolini y Martínez Burgos mantienen una vieja relación amistosa que abarca hasta lo familiar. Menos lógico resulta que Martínez Burgos se haya expuesto, como al parecer lo hizo, a una seguidilla de contactos de frecuencia creciente, en general llevados a cabo en el lobby del hotel Hilton de Puerto Madero, ante la mirada de todo el mundo.

Este último aspecto es el que, según se comenta en los tribunales, terminó de convencer a Nisman de lo que no podía creer: al fiscal le habría llegado desde una fuente «anónima» -suele suceder de esa manera- una prueba contundente de los contactos entre su segundo y la embajada de Irán, mediados por Cerolini. Hasta ese momento Nisman estuvo convencido de que el desistimiento de su colaborador de la causa se debía solamente a razones de «fatiga mental». Ahora existe prácticamente la convicción de una operación política -y, se calcula, también comercial- sobre el fiscal adjunto para intentar el desmoronamiento de la causa y una crisis entre los funcionarios que la investigan.

Este entramado promete un escándalo que será promovido, según comenta en la propia fiscalía, por una denuncia penal contra el fiscal Martínez Burgos, lo que llevaría también a impugnaciones de distintas instituciones, sobre todo las que representan a la comunidad judía. Todo indica entre quienes conocen los movimientos de Martínez Burgos -hasta algunos colaboradores directos- que las pruebas que se aportarán en su contra para acusarlo por «negociaciones incompatibles con la función pública y prevaricato» serán tan contundentes que abrirán un enigma raro: por qué razón el fiscal adjunto se manejó con la imprudencia de un lego en todo este episodio.

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