¿Anularían indultos sólo para militares?

El gobierno comenzó ayer a desarrollar una teoría propia para anular los indultos firmados por Menem a ex militares, pero sin extender la suspensión a los ex terroristas que fueron incluidos en aquellos decretos. Tras la polémica anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, muchos de los acusados por delitos de lesa humanidad pueden beneficiarse por estar incluidos en aquellos indultos que ahora se quiere anular. De ocurrir eso, quedarían expuestos a nuevos juicios muchos activistas de las guerrillas de los '70 por actos terroristas que no son considerados de lesa humanidad, por lo menos hasta ahora. Podrían acogerse a la prescripción de aquellos delitos por el tiempo que ha transcurrido, pero igual deberían someterse a un proceso judicial. Para evitar ese agravio a algunos amigos del gobierno, los funcionarios piensan en recortar las nulidades y mantener los indultos para quienes, en sus palabras, sólo ejercieron el "derecho de resistencia a la opresión". Deberán probar que estuviera dirigido a ese propósito legítimo el secuestrar a cambio de rescate, alentar crímenes a uniformados para "iniciar" a guerrilleros en hechos de sangre o promover atentados con explosivos con víctimas indiscriminadas para instalar el clima de terror.

Horacio Rosatti

La administración Kirchner esbozó ayer lo que podría constituirse en la columna vertebral de un futuro fallo de la Corte Suprema: considerar que los indultos son inconstitucionales sólo para «delitos de lesa humanidad». Y que no tienen alcance para los guerrilleros, porque se trató de un «derecho de resistencia a la opresión» ante el «terrorismo de Estado». Es decir, que el perdón presidencial caería sólo para los militares y sobrevivirá para los grupos extremistas. Con este antecedente, y sabiéndose que la Corte no considera delito de lesa humanidad los actos de terrorismo, es probable que el Tribunal termine anulando los indultos presidenciales que dictó Carlos Menem entre 1989 y 1990.

En esa dirección se manifestaron los ministros Horacio Rosatti (Justicia) y Aníbal Fernández (Interior), y nuevamente el jefe del Ejército, Roberto Bendini.

Fue Rosatti quien expuso una lógica jurídica en la que diferenció el «terrorismo de Estado» del «ejercicio de la violencia» encuadrado en lo que podría calificarse como «derecho de resistencia a la opresión contra un gobierno de facto» que -consideró- se registró en algunos casos.

Según el ministro -un constitucionalista de pura cepa-, este «derecho de resistencia a la opresión» tiene jerarquía constitucional, aunque reconoció que no sería aplicable «en todos los casos» de ex guerrilleros indultados.
Además, subrayó que el «terrorismode Estado» constituyeun abuso dentro de un ejercicio que todos los ciudadanos le dan al Estado, ya que a esa institución se la legitima «para que ejerza la coacción, pero de ninguna manera para que abuse en ese sentido».

El planteo quita al gobierno de la incómoda posición de explicar por qué reclama la anulación del indulto de Videla y Massera y no el de Firmenich.

Una tesis similar fue la que esgrimió el camarista Gabriel Cavallo, el primer juez en declarar inconstitucionales las «leyes del perdón» en 2001.

Al respecto, Cavallo opinó que en caso de que se declaren inconstitucionales los indultos «sólo los militares» deberían afrontar causas penales.

Explicó que la diferencia esencial entre un delito cometido por el Ejército y uno cometido por un subversivo es que «el primero fue realizado con la suma del poder público desde el Estado», que es «lo que caracteriza a una acción de lesa humanidad».

El caso de los guerrilleros «no reviste ese carácter» de haber sido realizado con la suma del poder público, por lo que no puede encuadrarse jurídicamente como un delito de lesa humanidad y, por ende, tampoco reviste el carácter de imprescriptible.

• Objetivo

«Eso es lo que la comunidad internacional quiere evitar: que los gobernantes no se abusen del poder que les otorga el cargo, y pongan en una situación de riesgo a un grupo diferenciado de la población civil, más allá de si ese grupo es bueno o malo», apuntó el camarista.

Sobre el tema también opinó el ministro del Interior, quien sostuvo que la Justicia debería revisar «todo» lo dictado en los indultos que firmó el ex presidente Carlos Menem.

El titular de la cartera políticase pronunció a favor de que la cuestión la analice la Corte Suprema, tras destacar «el respeto y la seriedad» con la que el máximo tribunal analizó las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, finalmente declaradas inconstitucionales.

«El fallo habría que volver a leerlo varias veces para tomarlo como un punto de partida de una nueva Argentina que les garantice a nuestros hijos que no van a volver a vivir lo que vivimos nosotros», explicó en referencia a esa resolución, adoptada el martes pasado.

En ese sentido coincidieron el jefe del Ejército y el ministro de Defensa, José Pampuro. Ambos expresaron su convicción de que los indultos deberían ser «anulados en general».

«Todo está tranquilo», sintetizó Pampuro, al reflejar el sentir generalizado particularmente del Ejército y la Marina, que captó en una reunión de mandos que se desarrolló ayer en el Edificio Libertador.