Apelación clave hoy de defensores de Menem

Con la presentación de la apelación del fallo de Jorge Urso, que le impuso el procesamiento y la prisión preventiva a Carlos Menem que harán hoy los abogados Oscar Roger y Oscar Salvi ante la Sala II de la Cámara Federal, el caso por la venta de armas a Croacia y Ecuador entrará en una etapa crucial cuya definición se conocería en un plazo que va desde los 45 hasta los 60 días. Pero antes, los camaristas Eduardo Luraschi, Martín Irurzun y Horacio Cattani -celosos de las polémicas disposiciones de Urso y de su fiscal, Carlos Stornelli- enviarían una señal flexibilizando las condiciones de detención del ex presidente a todas luces exageradas y criticadas por penalistas de las más variadas doctrinas, que le impuso Urso.

El escrito de Roger y Salvi tiene más de 300 carillas y fundamentalmente ataca la valoración de la prueba que hizo Urso para calificarlo a Menem como supuesto jefe de asociación ilícita. En este punto se introdujo abundante jurisprudencia y doctrina para fundamentar que Menem jamás pudo haber integrado y mucho menos presidido una asociación ilícita como encuadra el artículo 210 del Código Penal desde su posición de jefe de Estado. También el trabajo critica la forma en que incorporó el juez los distintos testimonios y especialmente los dichos de Luis Sarlenga, el ex interventor en Fabricaciones Militares, quien al cambiar su declaración por presiones de Stornelli, abrió el camino para llegar al ex presidente. Tampoco deja pasar la apelación, la valoración que hizo Urso sobre falsedad ideológica de documento público.

• Pronunciamiento incierto

Pese a los trascendidos, es incierto el pronunciamiento de estos jueces sobre la cuestión de fondo, revocando el fallo de Urso. A estos camaristas les molestan las publicaciones que los hacen aparecer en medio de hipotéticas operaciones políticas para excarcelar al ex presidente. «Esas presiones lo único que consiguen son endurecernos porque ninguno de nosotros va a pagar el costo político de aparecer pegado a presuntas operaciones ajenas al derecho», fue la confesión de uno de los integrantes de este triunvirato y quien suele ser despiadado con Urso y su caprichosa interpretación de los códigos. Estos jueces también miran hacia la Corte, quien hasta el momento no da señales de encauzar una instrucción que amenaza con desmadrarse e ingresar en una etapa de conflictos jurisdiccionales entre jueces y cámaras.

El primero de ellos es con el Tribunal Federal Oral número 1 de Córdoba quien tendrá a su cargo la sustanciación del juicio oral y público por la explosión de la fábrica militar de Río Tercero. Stornelli le pidió a Urso que anexe la investigación por este caso que fue caratulado como «estrago culposo» por el juez federal de Río Cuarto, Luis Martínez, quien desechó la teoría del fiscal porteño de que la explosión no fue un accidente sino un atentado para ocultar la venta de armas a Croacia y Ecuador por las mismas personas que investiga Urso.

Pero aceptar ese criterio significa cuestionar seriamente la instrucción de Martínez y arrogarse facultades jurisdiccionales que no le reconocen.

• Pretensiones desmedidas

El comentario partió de las cercanías del tribunal cordobés compuesto por los camaristas José María Tribusio, José María Pérez Villalobos y Octavio Cortes Olmedo -de reconocida trayectoria y prestigio en esa provincia- quienes en privado anticipan que rechazarán cualquier invasión del juez y fiscal porteños a quienes ven desmedidos en sus pretensiones porque no escucharon los testimonios y no conocen la prueba de la instrucción de Martínez. En el caso de que en el juicio se compruebe que hubo una acción intencional y que ese hipotético delito fue cometido por el mismo grupo de personas que investiga Urso y con el mismo objetivo que alude, se ordenará una nueva instrucción, pero, tampoco, podría hacerlo un magistrado de la Capital Federal sino que tendría que actuar un juez con jurisdicción en Río Cuarto, es la conclusión en esas instancias que recogió este diario.

Tampoco es menor el conflicto jurisdiccional que se le avecina a Urso con su par porteño, Julio Speroni. Hombre de bajo perfil pero de determinaciones fuertes, este juez en lo Penal Económico avanza hacia el ex presidente y sus ministros para averiguar si fueron responsables de cometer presunto contrabando en esas ventas de armas.

Toda la jurisprudencia sostiene que una causa debe unificarse en el delito mayor y, hasta ahora, contrabando se impone sobre asociación ilícita, falsedad ideológica de instrumento público, malversación de bienes públicos e incluso enriquecimiento porque estos fueron medios o consecuencias de haber contrabandeado -supuestamente- esas armas. Pero el caso, es que Speroni parece que no se prestará al juego mediático que seduce a Urso-Stornelli y tomará medidas sólo si existen sobradas pruebas de ello.