El criticado fiscal Carlos Stornelli avanzó ayer en su estrategia de acusar a Carlos Menem y pidió su procesamiento y prisión preventiva por ser el supuesto jefe de una organización ilícita que se dedicó desde el gobierno a contrabandear armas del Ejército. Ayer terminó de revelar sus intenciones cuando pidió una nueva indagatoria del ex mandatario para que responda por la supuesta malversación de bienes de esa Fuerza Armada, una manera de forzar la acusación de contrabando agravado para endurecer el castigo penal ante la posibilidad de que prospere el pedido de los abogados defensores de que no se incluya el cargo de enriquecimiento ilícito por tratarse de cosa juzgada. Otras imputaciones son la de supuesta falsedad ideológica por la firma de los decretos que posibilitaron esas exportaciones y, sorpresivamente, le agregó «malversación de efectos del Estado».
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El fiscal hace un extenso escrito en más de casi 450 páginas en su recorrido por toda la causa y enumera puntualmente los hechos como si se tratara de una extensísima crónica judicial. La parte sustancial está en las dos últimas páginas donde concreta los cargos y describe, según su particular interpretación, la forma cómo se instrumentaron los decretos, responsabilizando a Menem tener conocimiento de toda la operación de venta de armamentos desde el inicio. Para ello hace hincapié en los testimonios de Luis Sarlenga, ex interventor en Fabricaciones Militares; Esteban Caselli, ex subsecretario de Legal y Técnica y ex embajador en el Vaticano y actual secretario general de Carlos Ruckauf y de Antonio Erman González, el ex ministro de Defensa. Según la defensa del ex presidente ninguno de ellos imputó concretamente a Menem en el expediente. Muchas de las pruebas de cargo están basadas en anónimos que le hicieron llegar a Stornelli, elementos «carapintada» del Ejército.
Investigación
El controvertido fiscal descartó los principales argumentos de la defensa, fundamentalmente la afirmación del ex presidente de haber instruido al procurador del Tesoro -abogado del Estado-de iniciar una acción penal apenas se enteró de las denuncias por la venta de armas a Ecuador y a Croacia, consideradas ilegales por Stornelli-Urso. Para Stornelli la decisión presidencial no tiene atenuantes porque ya se encontraba en marcha la investigación judicial que se impulsa en el Juzgado Federal 8. Si bien no sorprendió por su contenido e intención el dictamen fiscal, llamó la atención que se hubiera efectivizado apenas un día después en que Menem presentó una ampliación de su indagatoria, buscando contrarrestar las acusaciones en su contra y en la que denunció «una acción persecutoria» por parte de Stornelli.
También fue criticada su decisión de ampliar la indagatoria y de agregar otro delito cuando 24 horas antes el ex presidente había sido convocado al juzgado por parte de Urso, quien desde ayer tiene 10 días hábiles para decidir sobre el pedido fiscal aunque en la defensa del ex mandatario se descuenta que actuará en consonancia con Stornelli, un criterio que adoptó sorpresivamente en los últimos meses después de haber demorado o rechazado innumerables pedidos del fiscal durante la gestión de Menem e incluso hasta que la Cámara Federal le pidió profundizar. Si el juez decide complacer al fiscal, Menem deberá volver a los tribunales para ser sometido a la exposición mediática con la imagen transitando por los juzgados penales.
También en su dictamen, Stornelli pidió el procesamiento de Antonio Erman González y para el general (RE) Martín Balza. González ya se encuentra procesado por presunta falsificación ideológica de instrumento público por haber firmado los decretos mientras que Balza enfrenta, además, el cargo de malversación de efectos del Estado, como, ahora, le imputó a Menem. Urso apenas tuvo tiempo de leer el dictamen, pero ello no le impidió calificarlo de «meduloso porque se han descripto los hechos y las pruebas con bastante rigor» se confió ante acólitos.
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