El juez federal Jorge Urso pidió ayer las actuaciones a la Justicia de Córdoba por la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero. Como todas las disposiciones adoptadas en esta segunda etapa de una causa que adormeció durante 6 años mien-tras Menem fue presidente, el juez basó su pedido en los pedidos del fiscal, Carlos Stornelli. La decisión no es un dato menor en esta causa que se caracteriza por su alto grado de conflictividad entre juez y fiscal contra el principal acusado, aunque su gravedad se mide más en términos políticos que jurídicos: no tendría la misma dimensión psicológica para la opinión pública mandar a detener y procesar a un ex mandatario y sus ex ministros por haber vendido armas de manera supuestamente ilegal, que si el caso se reviste con la sangre de los muertos y heridos que provocó la explosión. En Tribunales se interpretó que se trata de una nueva vuelta de tuerca de Urso para acorralar a Menem, quien acaba de apelar su fallo con expresiones real-mente desvalorizadas del magistrado.
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Urso le dijo a su par de Río Cuarto, Luis Rodolfo Martínez que debe inhibirse de la instrucción de esa causa y remitirle las actuaciones, un hecho que el juez cordobés se apresta a negar rotundamente. Pero Martínez no está solo en la defensa de su competencia, sino que se encuentra acompañado por los miembros del Tribunal Oral Federal número 2 de Córdoba que ya han notificado a las partes que en 10 días deben compare-cer al juicio oral y público que comenzará próximamente. Los camaristas Octavio Cortez Olmedo, José Pérez Villalobos y José María Tribusio -de reconocida actuación en Córdobaanticiparon que rechazarán lo que consideran una inopinada invasión jurisdiccional de Urso y Stornelli. De ocurrir esta posibilidad, el conflicto de jurisdicciones deberá ser resuelto por la Cámara de Casación Penal.
En todo caso, analizan, si hubo errores de instrucción o elementos que no fueron tenidos en cuenta o que se incorporan en esta instancia del proceso, lo que corresponde es designar otro juez instructor o abrir una nueva causa, pero con los mismos jueces que tienen competencia en ese territorio y que, obviamente, no lo alcanza a un juez federal por la Capital Federal. Pero, además, en ese caso la instrucción está cerrada y ha sido calificada como «estragamiento culposo», o sea accidental, contrariando totalmente las pretensiones de Urso-Stornelli que sospechan que hubo intencionalidad de las personas acusadas en su expediente para ocultar las pruebas que probarían el armado de una maniobra para defraudar al Ejército y contrabandear esas armas por parte de Menem,Antonio Erman González, Emir Yoma, Martín Balza, Guido Di Tella y el resto de los acusados por juez y fiscal.
La primera explosión se produjo el 3 de noviembre de 1995 cuando estalló el polvorín que arrojó unos 30.000 proyectiles sobre la ciudad, lo que provocó la muerte de 7 personas, unos 300 heridos y destruyó gran parte de la población. A los pocos días, el 24 de noviembre hubo una segunda explosión de proyectiles almacenados a un costado de la fábrica. Stornelli, en su pedido a Urso para que anexe el expediente, hace hincapié en sus «elementos de convicción» que le permiten sostener que existe «conexidad» entre ese grave hecho y la investigación de Urso.
Sobre la intencionalidad menciona a testigos que le contaron «circunstancias irregulares», como el testimonio de un bombero que declaró que «al llegar al cuartel vio a un militar que se retiraba caminando tranquilamente, diciendo que todo iba a estallar».
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