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Boggiano pedirá a la Corte trate su apelación
Antonio Boggiano
Si Lezana renuncia, entonces se confirmaría la tesis de que los jueces deben dimitir ante la presión oficial. Vulgarmente se denomina «lo renunciaron».
El gran dilema es si los nuevos jueces Eugenio Zaffaroni, Carmen Argibay, Elena Highton, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda están en condiciones de asumir ese desafío.
Todos ellos, junto a Enrique Petracchi y el veterano Carlos Fayt, se excusaron de intervenir en el «caso Boggiano» por ser sus colegas. Adujeron «decoro y delicadeza».
• Alternativas
Pero sucede que esa causal (un simbolismo para sortear una decisión de peso) cede o no alcanza ante una situación de denegación de justicia. Como en el caso de la pesificación, la Corte Suprema estaría obligada a pronunciarse sobre la decisión del Senado de destituir a Boggiano.
En la pesificación se guardó el derecho a opinar a sabiendas de que si llamaba a conjueces -todos presidentes de cámara- éstos seguirían la línea de declarar inconstitucional la emergencia económica y se pronunciarían por devolver en dólares los depósitos de los ahorristas.
En el «caso Boggiano» tampoco tiene muchas alternativas. O la Corte Suprema le pone un límite al gobierno desconociendo la decisión del Senado y, por lo tanto, ingresa en un conflicto de poderes, o acepta todo lo hecho hasta ahora.
• Pedido
Si se inclina por la segunda opción habrá revivido la cuestión Moliné O'Connor. Es que Boggiano llevará su destitución a la Corte Interamericana y se sabe que dos casos de un mismo tenor en un tribunal extranjero es algo bastante atípico. En especial cuando se tiene un fallo a favor como lo fue la reposición de Boggiano en el tribunal antes de ser destituido. El desplazado juez supremo ya ha pedido a internacionalistas de La Haya y de Luxemburgo que lo patrocinen en su pelea por recuperar su silla en la Corte.
Una resolución sobre Boggiano hoy está frenada porque el procurador Esteban Righi todavía no confeccionó su dictamen opinando sobre la legalidad o ilegalidad de la decisión del Senado. Por lo tanto, está pendiente un pronunciamiento de la corte supletoria sobre dos apelaciones:
• una contra el procedimiento iniciado por el Senado y contra la suspensión. A la suspensión se hizo lugar y se revocó ordenando la restitución de Boggiano en el máximo tribunal de justicia. Al abrir la queja, la Corte suspendió el procedimiento, por lo tanto debería haberse congelado también cualquier decisión posterior del Senado;
• la otra es contra la destitución e inhabilitación y el procedimiento.
Las apelaciones coinciden en un punto: ambas plantean la nulidad del procedimiento.
Su validez está cuestionada porque debería haberse iniciado contra otros jueces y por los mismos cargos. No resulta válido que haya sido en forma individual.
Esto significa que el procedimiento anterior al 27 de setiembre -cuando se suspendió a Boggiano en sus funciones- puede todavía ser nulo. Si es así, también debería serlo el procedimiento posterior a esa fecha, que resolvió la destitución del magistrado sin considerar o prescindiendo el Senado de la posible decisión de la Corte sobre la nulidad del procedimiento. Por lo tanto, es nula también la destitución.
El mayor interrogante que plantea el caso Boggiano es ¿quién prevalece?, ¿la Corte o el Senado?
Al parecer, aquí prevalecen el Presidente y el Senado en detrimento del Estado de derecho. Una muestra más de que el gobierno controla la Cámara alta y se dispone a hacer lo mismo con el Consejo de la Magistratura.
Lo grave es que el ciudadano común estará expuesto a ir preso o a perder un crédito en la Justicia según la voluntad del gobierno. Claro está que no va a ocurrir todos los días, pero es la posibilidad de que esto exista lo que se abre en el horizonte.


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