Boggiano tiene fecha para defenderse: el 22

Antonio Boggiano

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado no demoró más ayer el proceso de destitución de Antonio Boggiano y lo citó para que el 22 de junio presente personalmente su descargo ante los senadores, pero habilitó algunas de las acciones que la defensa del juez había solicitado. En la misma reunión Cristina Fernández de Kirchner ratificó, con bombos y platillos, la decisión de impulsar un proyecto -con apoyo de todos los senadores- que obliga a publicar todas las leyes y decretos secretos, prohíbe a futuro sancionar ese tipo de normas y deroga la Ley S 18.302 y el decreto que pusieron en marcha hacia 1956 el sistema de gastos reservados, que sería votado hoy en el recinto del Senado.

La senadora se opone de esta forma a la línea que había seguido el Poder Ejecutivo, que apeló la decisión de la Justicia de obligarlo a publicar la totalidad de la legislación reservada, apelación que también presentó el Congreso ante una orden judicial similar. Si se sanciona el proyecto firmado ayer, será el Congreso quien obligue a Néstor Kirchner a publicar esas normas.

El avance en el juicio político a Boggiano cerró ayer las especulaciones que existían en el Congreso sobre la posibilidad de que el gobierno hiciera un último intento para salvar al juez que hoy sigue resultando funcional a la estrategia de votos para cuestiones relacionadas con la pesificación que lleguen a la Corte Suprema. Esto no significa que el espíritu del Ejecutivo haya cambiado, pero en esta instancia la Comisión de Asuntos Constitucionales decidió que el proceso siguiera adelante. Así el 22 de junio Boggiano deberá presentar personalmente la defensa que ya envió al Senado por escrito el pasado 31 de mayo. De todas formas, siempre hay un ventana para postergaciones: el 22 está previsto que Alberto Fernández brinde su informe mensual como jefe de Gabinete. De concretarse esa visita, la declaración del juez de la Corte pasaría al día siguiente.

Boggiano, de todas formas, consiguió que algunas objeciones presentadas en su defensa fueran tomadas en cuenta por los senadores. Por ejemplo, el magistrado objetó que la comisión acusadora de Diputados no había integrado todas las pruebas a favor de su defensa.

Los senadores liderados por Cristina Kirchner decidieron darles traslado a los diputados para que en tres días cumplan con ese requisito e incorporen la totalidad de la prueba.

También objetó Boggiano que la comisión que presentó la acusación a los senadores ya no esté integrada por Nilda Garré -se salió de ese puesto para representar a Néstor Kirchner ante el gobierno de Hugo Chávez en Venezuela-, argumento que no fue aceptado ya que esa cuestión se volvió abstracta ratificando que quedan en ese puesto Ricardo Falú y el radical Hernán Damiani.

Después de esa cuestión, los senadores firmaron el dictamen de levantamiento de toda la legislación secreta en el país. Liderados por la senadora por Santa Cruz, y en contra de la opinión del Poder Ejecutivo, se firmó un despacho que establece:

• Se deja sin efecto el carácter secreto de todas las leyes reservadas. Se presume, pero resta aún aclararlo, que también los decretos serán publicados. De lo contrario, este acto ya simbólico, porque mucha de esa legislación ha sido modificada por normas públicamente conocidas, no tendrá el más mínimo sentido.

• Se obliga al Poder Ejecutivo a publicar todas las leyes en 60 días en el Boletín Oficial.

• Se prohíbe dictar en el futuro nuevas leyes secretas.

• Se dispone la derogación de la S 18.302 -norma que dio origen durante el gobierno de Juan Carlos Onganía al sistema de fondos reservados y que, se dice, dio el marco legal para el pago de los famosos sobresueldos- y el Decreto 5.315/56, complementario de la anterior.

El proyecto suma los pedidos de todos los bloques y, por lo tanto, tuvo el apoyo del PJ y la UCR. Pero la paz no duró demasiado. Con toda lógica, el radical por Mendoza Ernesto Sanz pidió una aclaración: preguntó qué pasaría con los decretos de necesidad y urgencia cuando se está diciendo en el proyecto que se prohíbe la sanción de nuevas leyes secretas. Es decir, si quedaban también vedados o no.

Interpretando que se quería cercenar una facultad de su marido, la senadora por Santa Cruz estalló: «No nos apartemos del punto que estamos tratando». Inútil fue que Sanz intentara explicar: «Yo lo único que digo es que si se dice que se prohíben leyes, por qué no decretos de necesidad y urgencia».

«Estamos tratando leyes que fueron aprobadas y leyes que se van a aprobar. Los decretos de necesidad y urgencia no tienen nada que ver», replicó la presidenta de la comisión.

Sanz insistió con su postura y tuvo enseguida el apoyo total de Eduardo Menem a su razonamiento. Pero todo quedó ahí cuando Cristina de Kirchner volvió a mencionar que el Senado no podía intervenir en una facultad que era propia del Poder Ejecutivo.