Bonafini complica de nuevo al gobierno

La Cámara Federal porteña medita en estos días una decisión que podría afectar la campaña electoral del oficialismo. Es que el expediente sobre «incitación a la violencia colectiva» que se le endilga a Hebe de Bonafini, una protegida de Néstor Kirchner, llegó ayer a consideración de la Sala I del tribunal de alzada. Está en esa instancia por el pedido del fiscal de la Cámara, Germán Moldes, quien solicitó la nulidad del sobreseimiento concedido a Bonafini por el juez federal Daniel Rafecas, en una causa abierta a raíz de declaraciones realizadas luego de la toma de la Comisaría Nº 24 de la Policía Federal ubicada en el barrio de La Boca en junio de 2004.

Si la Cámara confirma el pedido del fiscal, entonces Bonafini será indagada y puede ser procesada por el delito de incitacióna la violencia colectiva. En cambio si accede a la petición de la defensora oficial Silvia Otero Rella, los camaristas deberán confirmar la inocencia de la presidenta de Madres de Plaza de Mayo. No es la primera denuncia que se entabla contra la dirigente de Madres, hubo otra radicada en el juzgado de Jorge Urso que no prosperó.

• Elogio

La madrugada del 26 junio de ese año, Luis D'Elía y 36 militantes de la FTV irrumpieron con violencia en la comisaría para exigir el arresto de Juan Carlos Duarte, por el asesinato del piquetero Martín Cisneros, uno de sus compañeros, concretado unas horas antes. Luego, Bonafini en una conferencia de prensa con D'Elía, realizada en la sede de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), defendió la ocupación de la comisaría con las siguientes palabras motivo de la causa que el fiscal Moldes pide continúe bajo proceso:

...«hicieron muy bien los compañeros en tomar la comisaría y romperla», «eso es lo menos que podemos hacer, romper las comisarías donde se hace el horror, donde se tortura y se viola»..., «...el viernes (se había organizado una marcha) tenemos que ser miles. La marcha tiene que ser para todos, para decirles: señores se terminó la impunidad de los poderosos, algún día tendremos que caer en los tribunales, a terminar con estos jueces corruptos, esos que quieren levantar penas contranosotros»....

Como sucede con otro vocero-habitual que pone en jaque al gobierno por sus dichos, -Luis D'Elía, líder piquetero-la dirigente de Madres de Plaza de Mayo no repara en alzar su voz ruidosa en situaciones de conmoción social. Aquella ocupación fue un hecho político que apremió al gobierno de Néstor Kirchner, debido a su cercanía con el dirigente piquetero. La defensora oficial argumentó que «hay que dejar en claro que nuestro sistema normativo juzga a las personas por sus actos y no por sus ideas u opiniones, de lo contrario no estaríamos dentro de un estado de derecho sino en un estado autoritario, lo que resultaría desde ya muy peligroso, ya que las personas serían juzgadas por emitir su opinión». ¿Cómo se interpretan lo delitos de calumnias e injurias a la luz de la argumentación de la defensora oficial? El interrogante es parte de la resolución del fiscal Moldes, que recuerda otro caso emblemático: el del capitán Alfredo Astiz, degradado y dado de baja de la Armada Argentina por haber opinado que «era el mejor preparado para matar a un periodista o un político». Por esas declaraciones fue procesado imputándosele apología del delito. Los camaristas Horacio Vigliani, Gabriel Cavallo y Eduardo Freiler tienen la delicada tarea de analizar la nulidad del sobreseimiento otorgado por el juez Rafecas. Este magistrado, bisoño en el fuero federal, pasó rápidamente a la notoriedad por ser uno de los responsables de las megacausas (Cuerpo I de Ejército) reabiertas por la Cámara Federal para juzgar delitos contra los derechos humanos.