Comenzó la reapertura de causas contra ex militares en todo el país

La declaración de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final comenzó a activar causas contra militares que resultaron beneficiados con las leyes del perdón y que fueron acusados por presuntos delitos cometidos en la represión clandestina de los guerrilleros.

Algunos de los expedientes fueron reabiertos a partir de procesos que quedaron paralizados o que fueron cerrados cuando se sancionó y se puso en vigencia. Otros se iniciaron recientemente como consecuencia de los llamados Juicios por la Verdad, en los que militares y civiles acusados declararon como testigos y no como imputados o procesados.

Anuladas las leyes por el Congreso y sobre la base de las declaraciones en estos juicios, los expedientes fueron remitidos a primera instancia para que instruyan las causas.

Algunos de estos expedientes recayeron en tribunales del interior del país, mientras que la Capital Federal concentró las denominadas megacausas como ESMA, Primer Cuerpo de Ejército y plan Cóndor, una causa con más de 60 cuerpos.

En el caso de ESMA, serían citados a declarar alrededor de 250 efectivos retirados y en actividad de la Marina y Prefectura.

En Córdoba, se lleva adelante la causa conocida como Tercer Cuerpo de Ejército. Hay ocho detenidos entre los que figuran Luciano Benjamín Menéndez.

• Dos procesos

En cuanto a Astiz, al marino se le siguen dos causas: una relacionada con la extradición (ver aparte) y otra, con los Juicios por la Verdad. Podría terminar con el procesamiento de, al menos, medio centenar de personas.

Curiosamente, en su mayoría, los involucrados -algunos en prisión y otros en libertad- son asistidos por defensores públicos que han advertido, con preocupación, que comenzaron a quedarse sin estructura para afrontar esos juicios. En algunos casos, porque el número de personas involucradas sigue aumentando. Así sucede en algunos juzgados de primera instancia, como los de La Plata en la Causa 44, conocida como «Camps», donde la cantidad de procesados y detenidos puede llegar a las 500 personas. Por lo pronto, el juzgado federal y la fiscalía ya recibieron refuerzos de personal para avanzar en las causas.

Por el tipo de acusaciones que se formulan contra los detenidos, es casi seguro que un elevado porcentaje de los involucrados terminará en prisión, lo cual origina un primer problema: los lugares de detención y las normas de seguridad que reclaman jueces y fiscales.

• Colapso

La otra cuestión está relacionada con lo que adelantó este diario la semana pasada, es decir, la avalancha de juicios amenaza con hacer colapsar el sistema de defensores oficiales.

El dato que manejan en los ministerios de Defensa y Justicia es que sólo en Mar del Plata serán citados por lo menos unos 500 oficiales de la Armada.

Como se advirtió en los Juicios por la Verdad, estos defensores deben atender las dos caras de la misma moneda: militares y civiles acusados de delitos aberrantes, a quienes deben garantizar la defensa en juicio, por un lado; y a las víctimas de esos delitos, particularmente a los desaparecidos o ausentes.

No es nuevo el doble frente para la defensa pública oficial. Por caso, la misma que asistió a Jorge Videla y a Enrique Gorriarán Merlo, y que hoy defiende a Harguindegui, a Alfredo Astiz y a María Julia Alsogaray, al mismo tiempo ejerce la defensa del fiscal general Norberto Quantín.

En los tribunales, se desconoce cuál será el mecanismo que adoptarán el gobierno y el Poder Judicial para evitar que el Ministerio Público de Defensa quede inmovilizado por la cantidad de causas que debe atender.