Hoy, con la reanudación de la actividad judicial, la Corte devolverá al procurador general de la Nación (jefe de los fiscales), Nicolás Becerra, su propio dictamen sobre el planteo de inconstitucionalidad que hizo el gobernador radical de Río Negro, Pablo Verani, al Decreto 1.316/02 que suspendió por 120 días hábiles la restitución de los depósitos retenidos por el «corralito» financiero. Los ministros consideran que el pronunciamiento del fiscal de la Corte al ratificar su competencia es algo «obvio» que debe ser respondido con una opinión sobre el fondo del cuestionamiento del mandatario radical que es funcional a los intereses del gobierno, a quien se le reprocha presionar para lograr apoyos sin que se haya definido el juicio político, condición sine qua non para avanzar en cualquier negociación ulterior.
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Esta decisión es una exigencia de los máximos jueces para pronunciarse sobre casos trascendentes: «corralito», leyes de Obediencia Debida y Punto Final, segunda Asamblea Legislativa que ungió presidente al senador Duhalde y otros de repercusión pública. «Nos consideramos en comisión por lo que no estamos en condiciones de tratar estos asuntos», llegaron a sostener cuando las promesas de los operadores del gobierno y de la Cámara de Diputados llegaron a ponerle fecha cierta al archivo del enjuiciamiento, una posibilidad que cada día parece alejarse a medida que la campaña electoral -sobre todo la interna del PJ- se tiñe de fuerte tensión y confrontación.
La irritación en el cuarto piso del Palacio de Justicia radica en que tanto la presentación de Verani -repitió su apoyo como lo hizo al derogarse la cuestionada ley de «subversión económica», acuciado por duras necesidades financieras en su provincia- como la de Becerra intentaron dividir a los máximos jueces, extremadamente sensibilizados por lo que califican abiertamente de «operaciones político-mediáticas».
El pronunciamiento de Becerra -emitido a fines de la semana pasada- dio lugar a una movida interna que finalmente se desechó por la división que podría provocar entre los jueces al pretender que se habilite la feria para atender las urgencias del Presidente. De todos modos, ya se escucharon voces en esas alturas que cuestionan la «legitimidad» de la presentación del rionegrino porque argumentan que como gobernador no puede alegar la representación individual de cada uno de los habitantes de su provincia.
El caso amenaza con dividir a los jueces supremos, muchos de ellos ofuscados por las filtraciones de los diarios que hablan de dos miembros de la Corte (¿Eduardo Moliné y Augusto Belluscio?) y un funcionario de la máxima confianza del Tribunal que habrían hablado de supuestos acuerdos con estos hombres del gobierno. «Es un disparate sostener que se podrían firmar renuncias a futuro en forma condicional, no es serio y además, nadie -si es cierto lo que se publica- puede hablar por mí», se quejó ante este diario Adolfo Vázquez, molesto por los rumores de que se estarían negociando renuncias a cambio de cerrar el juicio político.
La postura de Vázquez no es única. Enrique Petracchi -uno de los jueces más alejados del ex presidente Carlos Menem y por lo tanto lejos de las iras de Duhalde y su mujer Chiche- también salió a desmentir una versión que lo ubicaba apoyando la legalidad del «corralito» financiero.
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