La Justicia allanó ayer la Comisaría 7ª de la Capital Federal, en la causa en la que se investiga la tragedia del 30 de diciembre donde murieron 193 personas.
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El juez Julio Lucini sigue así la pista de las supuestas coimas que se habrían pagado a policías de la zona, presuntamente para que el local bailable eluda los controles. También contra la Policía arremeterá el martes próximo la ex subsecretaria de Control Comunal Fabiana Fiszbin, cuando el magistrado le tome declaración indagatoria por el presunto delito de homicidio culposo, mientras que en la Legislatura porteña fracasó la comisión que había debutado el viernes para investigar lo sucedido en Cromañón. Por otra parte, el juez Lucini deberá investigar una supuesta asociación ilícita de acuerdo con el pedido de uno de los abogados querellantes.
Dos ex empleadas del local bailable habían asegurado que Omar Chabán -encargado del lugar y preso en la causa- pagaba dinero a policías de la comisaría de la zona, pero el supuesto encargado de seguridad del boliche, quien se encuentra detenido, negó esos dichos. Lo mismo hizo el abogado defensor de Chabán, Pedro D'Atolli, cuando su cliente se negó a declarar por ese hecho que involucraba al subcomisario de la seccional 7ª. Sin embargo, el juez ayer ordenó el allanamiento a la comisaría en busca de pruebas en ese sentido. En el procedimiento que se realizó cerca del mediodía, se secuestraron libros sobre movimiento del personal policial en la dependencia y otros documentos.
El juez tomará declaración a dos comisarios y a tres funcionariosdel Gobierno porteño. Además de Fiszbin, están citados quien era el segundo de la subsecretaria, Gustavo Torres, y la ex adjunta Ana Fernández.
Los abogados de Fiszbin preparan un escrito de cerca de 300 páginas que además de compilar toda la normativa existente referida a habilitaciones e inspecciones intentará demostrar la responsabilidad de la Policía y de Bomberos de la Federal. El local tenía la habilitación que emite el cuerpo de bomberos, donde se certifican las condiciones de seguridad contra incendios, vencida desde noviembre. El local no había sido inspeccionado en todo 2004, sólo se le había pedido a Chabán que remita la documentación referida a la habilitación, a mediados de año.
Ayer estaba prevista la declaración del jefe de la comisaría, Gabriel Sevald, pero el juez hizo lugar a un pedido de postergación para la semana próxima, mientras que el viernes sería indagado Miguel Angel Belay, ex titular de la seccional. Esos testimonios siguen la línea investigativa de las supuestas coimas. Fiszbin le dirá al juez que la Policía debía controlar las contravenciones que se cometieron esa noche, como el ingreso con pirotecnia y la asistencia de más personas de las que admitía la capacidad del local.
También insistirá con la supuesta responsabilidad de los Bomberos en cuanto a la habilitación específica, pero no evitará desligar responsabilidades hacia el personal de menor jerarquía a su cargo. La Cámara del Crimen resolvió que Lucini tome en forma temporaria la investigación sobre si existió una presunta asociación ilícita entre ex funcionarios del gobierno porteño. Esa supuesta asociación fue denunciada por el abogado José Iglesias, uno de los querellantes. Lucini consideró que esa denuncia no tenía vinculación directa con la causa Cromañón, por lo que esa causa fue asignada a la jueza de instrucción María Gabriela Lanz, pero ésta se declaró incompetente.
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