El caso Cromañón se encamina a convertirse en un gran escándalo. Y, posiblemente en uno de los peores fracasos judiciales. Ninguno de los 22 imputados por el homicidio de 193 jóvenes quedará preso. Todos llegarán libres al juicio oral y público. Pero, además, la tragedia se está tiñendo de política. Sobre el fin de semana, renunció a continuar como demandante el abogado Fabián Bergenfeld. Representaba a Luis Santana un periodista de «Crónica» que murió en Cromañón y a otras 14 víctimas de la tragedia de Once. La dimisión del abogado tiene sabor a triunfo político del alcalde porteño Aníbal Ibarra, aunque todavía es prematuro suponer el resultado final. Bergenfeld se fue del caso (en rigor, dejó el patrocinio legal) después de que sectores del gobierno hicieran trascender la amistad entre el letrado y el juez de la causa Julio Lucini. Ese vínculo, reconocido por el abogado, había comenzado a ser evaluado por la administración Ibarra como el «talón de Aquiles», que permitiría sacar del caso al magistrado. Incluso, algunos defensores del jefe de Gobierno habían dibujado los trazos gruesos de un primer borrador donde se planteaba la recusación de Lucini. En medio de la puja vino el golpe bajo: se intentó desacreditar al abogado a partir de un hecho personal del pasado que terminó con su sobreseimiento.
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La batalla entre Bergenfeld e Ibarra registra antedecentes que explican la descarnada lucha. El abogado fue quien logró la inhibición general de los bienes de Ibarra y de Omar Chabán además del embargo preventivo del boliche República de Cromañón, de cara a afrontar eventuales reclamos económicos de las víctimas por el incendio. La inhibición impidió cualquier operación de compra y venta sobre el patrimonio registrable de Ibarra y Chabán, mientras que el embargo del local, afectaría a la sociedad registrada como propietaria, Nueva Zarelux SA.
• Revocatoria
Pero además Bergenfeld -quien también patrocina a Nito Artaza en los reclamos por la pesificación- fue quien puso a Ibarra sobre las cuerdas al impulsar la revocatoria del mandato del jefe de Gobierno porteño. Ibarra acusó el golpe y para superar el trance debió acudir a la estrategia de llamar a un plebiscito. Un trámite que se convirtió en imposible de concretar. Curiosamente su hermana, Sandra Bergenfeld, acusó a Mauricio Macri de elaborar una operación política para tomar el poder.
Sin dudas, la jugada más fuerte del abogado fue promover el pedido de indagatoria a Ibarra por homicidio culposo. Significaba dejarlo a un paso del procesamiento y una obligada renuncia al cargo. Ibarra creyó ver en esta movida, un complot entre Bergenfeld y el juez Lucini (amigos) para eyectarlo del sillón del edificio de Avenida de Mayo.
El miércoles pasado, Bergenfeld afiló la espada y dio una última estocada. Junto a Patricia Bullrich y Juan Curuchet pidió a 60 diputados porteños que activen el juicio político de Ibarra para evitar una intervención federal de la Ciudad de Buenos Aires. Argumentaron que en la causa Cromañón habían elementos que si no alcanzaban para procesar a Ibarra por lo menos lo dejaban en condición de ser citado a indagatoria.
• Reacción
Todos estos movimientos provocaron una reacción del jefe de Gobierno que advirtió sobre un «golpe institucional» hacia su gestión. Bergenfeld explicó su renuncia en un comunicado donde afirmó que con su dimisión «queda desarticulada una operación política tendenciosa destinada a obstaculizar el importante avance que ha tenido una causa judicial, cuya trascendencia justifica renunciamientos personales».
Pero, quizás, donde esté la gran fisura será en las declaraciones de dos funcionarios importantes de Ibarra. Una de ellos es la síndico Marcela Sánchez Bustamante, al mando del organismo encargado del control interno del gobierno.
La síndico deberá explicar por qué no se le prestó atención a las voces de alarmas que se dieron desde la Defensoría del Pueblo, desde la Legislatura, a los dictámenes de la auditoría y a los 15 mil afiches, premonitorios de la tragedia de Cromañón.
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