El juez federal Sergio Torres, a cargo de la megacausa de la ESMA, fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura y se sumó a la larga lista de magistrados con presuntas irregularidades en sus funciones. Oscar Cavallo, padre y apoderado el marino Ricardo Cavallo, preso en Madrid en la cárcel Soto del Real, pidió en innumerables escritos que su hijo sea juzgado en la Argentina por el juez natural: Torres, en lugar del español Baltasar Garzón. A pesar de contar con elementos para imputar al represor en el proceso de la ESMA e inhibir el juicio en España, Torres nunca lo hizo, quizá por cierto temor a la represalia de los activistas de los derechos humanos que se armaron en España, México y Francia tras el exilio montonero.
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Fundado en datos que obran en los expedientes de la causa ESMA, el padre de Cavallo accionó contra Torres por presunta denegación de justicia, incumplimiento de los deberes inherentes a su cargo y mal desempeño de sus funciones.
La decisión de recurrir al Consejo de la Magistratura se agilizó tras el polémico fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró la inconstitucionalidad de las leyes del perdón (Obediencia Debida y Punto Final). Es que tanto el letrado Licinio Scelzi --patrocinante del marino-como los defensores oficiales ad hoc, Rodolfo Catinelli y Mariano La Rosa, entienden que desde la asunción de Kirchner fue claro el impulso político tendiente a juzgar nuevamente a los ex militares acusados de violaciones a los derechos humanos en los tribunales del país.
• Habilitación
Por eso, se instó al Congresoa anular las dos leyes promulgadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín y ahora la Corte acaba de convalidar la inconstitucionalidad. Poco importa si Torres recibió alguna influencia política para demorar el pedido de extradición del marino Cavallo, ahora la Justicia argentina está habilitada para juzgar a los sospechados por delitos de los setenta, tal como lo quiso el presidente Kirchner.
La denegación de justicia se habría configurado según los defensores de Cavallo como consecuencia de que Torres nunca pidió la extradición a pesar de disponer de elementos formales suficientes para imputar al marino en la causa ESMA y someterlo a tribunales naturales. Sin contar que era de público conocimiento que los delitos que Garzón investigaba en España son los mismos que se habrían perpetrado en la ESMA, sujetos al proceso a cargo del magistrado.
En la lista de irregularidades presentadas al Consejo de la Magistratura se hace hincapié en la declaración de numerosos ex detenidos que mencionan a Cavallo enrostrándole torturas, por caso, el 3 de junio de 2004, Arturo Osvaldo Barros y Amalia María Larralde; el 11 de diciembre de 2003, Telma Jaras de Cabezas, dice haber reconocido en la ESMA al «oficial Cavallo, apodado Marcelo» (fs. 9612 vta.). El hecho más grave mencionado en la denuncia que marcaría la parcialidad de Torres es que en setiembre de 2004, cuando viajó a España a recabar datos ante Baltasar Garzón, tenía en trámite desde el 24 de marzo un requerimiento del fiscal Jorge Taiano para procesar a varias personas, entre las que incluía al marino detenido en España. Es decir, contaba con el elemento formal previsto en el Código Procesal Penal para imputar al represor y solicitar su extradición a la Argentina, lo que se conoce entre las picardías como «cajoneo del expediente».
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