ESMA: ex almirante asume responsabilidad

Las operaciones de la lucha contra la guerrilla ejecutadas desde la ESMA serán reveladas mañana a la Justicia. Un vicealmirante asumirá su responsabilidad en las órdenes que impartió a sus subordinados.

El vicealmirante retirado Luis María Mendía asumirá mañana ante la Justicia Federal toda la responsabilidad por las operaciones de la lucha contra la guerrilla que se llevaron a cabo en la ESMA (durante su ejercicio al mando de Operaciones Navales) y los presuntos delitos cometidos en la ejecución de las órdenes de los miembros que integraron el grupo de tareas.

El acto procesal iba a llevarsea cabo ayer, pero se postergó por el caos que produjo en el juzgado de Sergio Torres, responsable de la megacausa de la ESMA, la liberación del marino Ricardo Cavallo, dispuesta por la Audiencia Nacional española. El almirante procesado por 175 casos de violaciones a los derechos humanos solicitará al juez Torres que profundice la pesquisa para dilucidar el rol que tuvo Francia en casos de secuestros y desapariciones de ciudadanos de aquel país, aportaría nuevos datos.

Vinculación

Beneficiado por el decreto de Néstor Kirchner que levantó el secreto a los militares luego del pedido que había formulado el ex capitán naval Alfredo Astiz, Mendía se dispone a testimoniar -por su propio pedido- vinculando la represión contra la izquierda resuelta en el gobierno de María Estela Martínez de Perón («Isabelita») y la lucha antiguerrilla que continuó después del golpe de 1976, dos fases de una misma planificación. El Presidente dio luz verde, lo mismo hizo ayer el ministro de Interior, Aníbal Fernández, al afirmar: «No hay pactos de impunidad con nadie», en relación con la situación procesal de «Isabelita».

Es la primera vez que un alto oficial de la Marina -en la década del setenta era el comandante de Operaciones Navales, concentraba en sus manos todo el poder de fuego- acude al tribunal para afirmar que los almirantes daban las órdenes y éstas eran ejecutadas por subordinados. Y que la Armada basó la conducción de su personal y de las operaciones de lucha contrainsurgente en el Código de Justicia Militar que en el artículo 514 establece: «Cuando se haya cometido delito por la ejecución de una orden del servicio, el superior que la hubiere dado será el único responsable, y sólo será considerado cómplice el inferior, cuando éste se hubiese excedido en el cumplimiento de dicha orden».

Aunque tardío, el testimonio del almirante procesado en la causa ESMA y con prisión preventiva domiciliaria expresará una cuestión de fondo para el frente interno: la responsabilidad institucional de la cadena de altos mandos en el conflicto antiterrorista, hasta ahora no reconocida por miembro naval alguno, incluidos los contemporáneos. Si uno se remite a la lista de imputados, procesados y sujetos a prisión preventiva se verifica que es mayor el número de oficiales de baja jerarquía, que mandos de alta graduación.

Para Mendía, la pesquisa de Norberto Oyarbide permitiría establecer si existió relación entre «Isabelita» y la Triple A -conducida por José López Rega- y si ese procedimiento de acción represiva desde el Estado se extendió luego, a la muerte del General, contra los terroristas de Montoneros, ERP y otras bandas subversivas. Es el camino que quedó plasmado con el famoso Decreto Nº 2.772 firmado en octubre de 1975 por Italo Luder -«Isabelita» estaba de licencia- y los ministros Manuel Arauz Castex, Tomás Vottero, Carlos Emery, Carlos Ruckauf, Antonio Cafiero y Angel Robledo. Establecía que «las Fuerzas Armadas, bajo el Comando Superior del Presidente, procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a los efectos de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el país».

Francia

Mendía insistirá en su declaración ampliatoria, con datos demostrativos de que, al mes siguiente de publicado el decreto (noviembre de 1975), hubo casos de desaparecidos «en democracia», y que antes de esa norma existieron desapariciones de ciudadanos franceses. Esta nueva línea de descargo: «la conexión francesa», apunta a señalar la presunta responsabilidad que le cupo a Francia en la desaparición de las monjas francesas Alice Domon y Leonie Duquet y de otros ciudadanos de esa nacionalidad. Un caso que uniría el método represivo instaladoen el breve período democrático de «Isabelita», con los procedimientos de tortura y desaparición trasmitidos por Francia sería el de Maurice Jaeguer. Este ciudadano francés, desaparecido, fue visto por última vez en julio de 1975 (antes de la publicación del Decreto 2.772) en la provincia de Tucumán. El juez francés Gerard Caddeo tiene abierta una investigación por la desaparición de ciudadanos de esa nacionalidad, entre los cuales está Jaeguer, y había requerido el testimonio de Carlos Ruckauf y el de «Isabelita» en 2002. Pero también siguió la pista que lleva a presuntas responsabilidades de ex funcionarios del gobierno francés ( Valery Giscard d'Estaing, ex presidente, y Pierre Messmer, ex primer ministro) como instigadores o responsables del adoctrinamiento de militares argentinos y de otras dictaduras militares latinoamericanas en los métodos de represión. La defensa de Mendía solicitará al juez Torres se libre un oficio a la Justicia gala para contar con todas las pruebas de «la conexión francesa» que haya podido colectar Caddeo. El almirante procesado no diría todo lo que sabe sino que esperaría que sea la Justicia de Francia quien aporte elementos incriminatorios de la presunta participación de agentes de inteligencia franceses.