El Juzgado Federal Nº 12 a cargo del juez Sergio Torres, responsable de la megacausa de la ESMA, tiene en sus manos un caso emblemático que confirmaría la decisión política de Néstor Kirchner de juzgar en el país a aquellos militares requeridos o ya procesados en tribunales extranjeros. Se trata del marino retirado Ricardo Cavallo, preso en la cárcel madrileña de Soto del Real desde agosto de 2000 luego de ser procesado por el juez Baltasar Garzón y a la vez requerido aquí por el fiscal federal Jorge Taiano, como responsable de delitos cometidos en la ESMA.
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La visita oficial de la vicepresidenta española María Teresa Fernández de la Vega y la aparición de otro requerimiento del fiscal Taiano movieron los resortes del caso tanto en el Tribunal Federal Nº 12 como en el estudio Solari-Vigliero que defiende al ex militar. Es que resultó imposible separar el reclamo político que hizo la segunda de José Luis Rodríguez Zapatero a la Casa Rosada para que el gobierno argentino deniegue asilo político al presunto terrorista de ETA Jesús María Lariz Iriondo con la posibilidad de que el magistrado Torres pida a España la extradición del represor Cavallo. Un «quid por quo» de esos que luego nadie está dispuesto a reconocer.
• Nave insignia
El caso Cavallo y el de Scilingo -ya condenado-son la nave insignia de los organismos de derechos humanos organizados en el exterior -España y México-tras el exilio Montonero. Si el juez federal se atiene a lo que pide el fiscal Taiano, Cavallo debería ser extraditado a la Argentina. Pero en los pasillos del tribunal se sabe que el magistrado no quiere padecer la pesadilla de escraches, pintadas y bombos por una medida que recortaría influencia en el exterior a esos organismos.
El juez Torres tiene poco espacio de maniobra para dilatar la solicitud de extradición de Cavallo; lo condicionan:
- la declaración de inconstitucionalidad de las leyes del perdón resuelta por la Corte Suprema que levantó el obstáculo argumentado por Baltasar Garzón para someter a ex militares argentinos a la jurisdicción española.
- Su alineamiento a la corriente jurista del supremo Eugenio Zaffaroni, mentor del voto que terminó con las leyes promulgadas en el gobierno de Raúl Alfonsín.
- El conocimiento de un pedido del fiscal de la causa ESMA, Jorge Taiano, «cajoneado» desde el 8 de junio de 2005 (ya había otro en las mismas condiciones desde el 24 de marzo de 2004) para indagar al marino Ricardo Cavallo junto a otros integrantes del grupo de tareas de la ESMA por el apoderamientode bienes de los desaparecidos, y el anhelo de Néstor Kirchner de ver cumplida la política de juzgar en el país: o ¿el secretario de derechos humanos, Eduardo Luis Duhalde no pidió al almirante Jorge Godoy y al general Roberto Bendini los legajos personales de cientos de oficiales que pasaron por centros clandestinos de detención para acelerar los juicios? Los pertenecientes a figuras conspicuas como Guillermo Suárez Mason, Ramón Patricio Camps o Jorge «el Tigre» Acosta adornarán además los museos de la memoria de la ESMA y El Olimpo.
No contestó el juez Torres el escrito de los defensores de Cavallo planteado la semana pasada -expiró por largo el tiempo procesal-acerca del derecho a ser oído en la causa de la ESMA en la que está sospechado de graves violaciones a los derechos humanos y requerido por Taiano, el fiscal de la causa. Tampoco hizo lugar a dos pedidos de indagatoria formulados por el fiscal, quien encontró elementos suficientes para investigar a Cavallo junto a otros imputados como el capitán de navío retirado, Carlos José Pazo, a cargo de la logística en la ESMA, Jorge Radice, Emilia Marta García, Antonio del Cerro y Juan Carlos Linares.
El fiscal centró la investigación en un capítulo de la megacausa de la ESMA que es la apropiación de inmuebles pertenecientes a Rosario Evangelina Quiroga, Nilda Noemí Actis Goretta, Marcelo Hernández y Emilio Enrique Dellasopa.
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