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Ex marino Cavallo pide ser juzgado en el país
Baltasar Garzón
Garzón esgrimió el paradigma de la Justicia universal y el obstáculo que presentaban las leyes de Obediencia Debida y Punto Final para avanzar en España con el procesamiento de ex militares argentinos involucrados en graves violaciones de los derechos humanos cometidas en la República Argentina. Ahora la situación cambió -entienden los defensores- tras la histórica resolución de la Corte que, a instancias de la política de Néstor Kirchner, dio por tierra con ambas leyes promulgadas durante el gobierno de Raúl Alfonsín. El país está en condiciones de someter a Cavallo al juzgamiento en tribunalesnaturales (el del juez Torres), exigió la defensa del marino retirado. Este es el fundamento medular de la presentación que Oscar Cavallo, padre y apoderado del marino retirado, radicó ante la Justicia española.
Garzón desoyendo la decisión de la Audiencia Nacional se apartó convenientemente de la letra y pidió a Sergio Torres, juez de la causa ESMA: «Si respecto de Ricardo Miguel Cavallo tenía causas abiertas en dicho país por los mismos hechos investigados en el sumario, si las tiene abiertas por hechos distintos y si en alguna de ellas tiene carácter de imputado». Torres contesta lo que pide Garzón y no lo requerido por la Audiencia Nacional y concluye: «No tramita causa alguna en este tribunal donde se impute a Miguel Angel Cavallo o 'Marcelo' o 'Serpico', los delitos de genocidio y terrorismo, aunque sí los hechos origen de los mismos, con independencia de su calificación penal».
Completa además el magistrado Torres su escrito con otra aseveración (hoy en estudio por el apoderado del marino para reforzar los fundamentos de la denuncia contra el juez ante el Consejo de la Magistratura) «no se encuentra requerido a la fecha por el fiscal Eduardo Taiano en los términos del artículo 188 inc.1º del Código Procesal Penal de la Nación». ¿Hubo un arreglo entre ambos magistrados, una confusión o exégesis de los requerimientos de la Audiencia Nacional o una simple torpeza administrativa? Es que justamente Torres tenía en su tribunal en trámite desde el 24 de marzo de 2004 (cinco meses antes del pedido de la Audiencia Nacional de España) un requerimiento del fiscal Jorge Taiano para procesar a varias personas entre las que incluía al marino detenido en España, por el delito de apoderamiento ilegal de bienes de los desaparecidos en la ESMA.


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