Gobierno denunció a juez que investiga coimas de Skanska

Aníbal Fernández

El juez Javier López Biscayart tiene sus horas contadas en el caso Skanska, una causa donde se investigan supuestas coimas que la constructora sueca habría pagado a funcionarios kirchneristas por la ampliación de los gasoductos Norte y Sur.

El gobierno denunció ayer al juez ante el Consejo de la Magistratura por «avasallar» las funciones que la ley le asigna al ministro del Interior.

El cruce entre Aníbal Fernández y Biscayart se produjo porque el magistrado resolvió mudar a Adrián López de una cárcel del Servicio Penitenciario Federal a una celda de la Policía Federal. El juez invocó razones de seguridad y declaró inconstitucionales dos resoluciones del Ministerio que restringenla posibilidad de que la Policía reciba presos.

Adrián López es el ex presidente de Infiniti, la empresa fantasma que proveía de facturas truchas a Skanska y quien insinuó durante su declaración que el Ministerio de Planificación Federal podría haber cobrado coimas.

En una misiva enviada al despacho de Biscayart, el ministro Fernández le adelantó que lo iba a denunciar ante el consejo de jueces, resolución que materializó ayer.

«La disposición adoptada queda bajo su exclusiva responsabilidad, y las circunstancias descriptas serán comunicadas al Consejo de la Magistratura, por considerar el suscripto que el dictado de la medida constituye un avasallamiento a las funciones que por ley se asignan al ministro del Interior», le advirtió Fernández al magistrado.

Alojamiento

Desde el Ministerio del Interior se ocuparon en destacar que los detenidos procesados con prisión preventiva deben ser alojados en una cárcel y no en las comisarías.

Ahora el Consejo de la Magistratura, presidido por Pablo Mosca, deberá evaluar si inicia el proceso de juicio político a Biscayart. No son buenos los pronósticos para este juez. Los superiores de Biscayart decidirían hoy que la investigación por el caso Skanska -por tratarse de un delito de cohecho y no de evasión fiscal- quede en poder de un juez federal: Guillermo Montenegro. Zanjarían así la disputa que Montenegro y Biscayart mantenían por el dominio de la causa Skanka.

Los dos jueces investigaban un mismo hecho y a las mismas personas, lo cual podría violar garantías constitucionales y acarrear nulidades importantes.

En los tribunales de Comodoro Py ya imaginan un festival de pedidos de nulidades. Por caso, ayer se insinuó que los cuestionamientos alcanzarían los famosos memos internos que serían considerados « correspondencia privada» y con derecho a la inviolabilidad. Esas comunicaciones revelarían que la constructora sueca pagó u$s 5 millones de « comisiones ilegales» para entrar en el negocio de la obra pública y otros u$s 4,6 millones para silenciar a sus gerentes.

También podrían ser objeto de planteos los allanamientos que Biscayart realizó en tres oficinas del Ministerio de Planificación Federal.

Por lo pronto, en el juzgado de Montenegro se decidió avanzar en el pedido de declaración de Eduardo Pawluszek, apoderado de Transportadora Gas del Sur (TGS), gerenciadora del Gasoducto del Sur. El directivo declarará el jueves. Los investigadores están interesados en conocer cómo llegó TGS a contratar a Skanska para las obras de la ampliación del Gasoducto Patagónico.