Privatizaciones: rebelión interna en el Tribunal de Tasaciones y el antecedente que desmiente el desvío en las valuaciones

Guerra al interior del organismo que preside Julio Villamonte y que debería haber participado en las valuaciones oficiales de las empresas del Estado que Javier Milei busca privatizar. En 2018, se registró un precedente inverso al argumento que hoy se esgrime para que el BICE quede a cargo de las tasaciones.

Julio Villamonte, presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación, en medio de una guerra interna por las valuaciones de activos del Estado.

En política, se pueden repetir los nombres y las situaciones, pero lo que realmente cambia todo, es el contexto. Llamativamente, la base argumental de las controvertidas decisiones unilaterales del presidente del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN), Julio Roberto Villamonte, fue desechada por él mismo, pero en 2018. El funcionario fue explícito en una entrevista concedida a Ámbito, a raíz de la polémica surgida por haberse apartado de la valuación de las empresas públicas sujetas a privatización en el plan de Javier Milei.

En aquel momento, y también conducido por Villamonte, el TTN cuestionó el uso del método que ahora acepta que se emplee solo que por imposición del Ministerio de Desregulación, que lidera Federico Sturzenegger.

Por este y otros aspectos no menores, la gestión de Villamonte ya se encuentra de lleno en el centro del debate, tanto en las mesas políticas como en los juzgados, al punto que su proceder actual está siendo comparado con su gestión al frente del mismo Tribunal pero con Mauricio Macri en la presidencia de la Nación.

Los problemas de Villamonte no se agotan ahí. Con una incipiente citación al Congreso Nacional motivada por organizaciones sindicales de las empresas que el gobierno de Javier Milei quiere privatizar , recientemente, el propio Villamonte, en una entrevista brindada a este medio, aseguró que “el Tribunal de Tasaciones no está autorizado a evaluar empresas a privatizar”. Esta definición y otras que aparecen en el reportaje crearon las condiciones de una tormenta perfecta para una suerte de rebelión interna de aquellos que hasta ahora solo cuestionaban a Villamonte, en silencio.

Fuentes autorizadas dentro del Tribunal de Tasaciones sostuvieron, ante la consulta de Ámbito, que “Villamonte no solo desconoce las tasaciones que realizó el organismo que preside, sino que además dijo que el Tribunal ‘no está autorizado’ a tasar empresas a privatizar. Eso es falso, y es falso a la luz de la propia ley que él está obligado a conocer y a hacer cumplir. El artículo 2° inciso B) de la Ley 21.626 lo autoriza expresamente para tasar bienes que el Estado, o sociedades con participación estatal mayoritaria, proyecten enajenar”.

Un documento de la AGN revela que el argumento opuesto al actual fue motivo para que el Tribunal de Tasaciones participe en las valuaciones de activos estratégicos.

Lo que dice la Ley

La mencionada ley 21.696 “designa al Tribunal como organismo rector para la tasación de bienes”. Justamente, en esa norma, el inciso D del Artículo 2 dice lo opuesto a lo afirmado por Villamonte: “Practicar tasaciones sobre todo tipo de bienes que le sean requeridas por organismos nacionales, binacionales o multinacionales de las cuales el Estado Nacional sea parte, provinciales o municipales, cualquiera sea la forma jurídica adoptada”.

Por otro lado, quienes cuestionan la conducción de Villamonte dentro del Tribunal remarcaron que “no solo el Tribunal de Tasaciones no está desautorizado sino que está obligado y habilitado por Ley. Entonces, el Tribunal no está desautorizado, sino que está corrido a un costado con la anuencia de su propio titular, para que un organismo sin esa historia institucional —una comisión ad hoc dentro del BICE— resuelva sin el escrutinio técnico que el Tribunal debería aportar”. Esta cuestión, aunque parezca técnica, puede derivar en investigaciones judiciales que pongan en el ojo en el método escogido para tasar las empresas del Estado que pasarán a manos de privados.

Por otro lado, en el ejemplo central de este artículo se expone, con documentos exclusivos, justamente un caso en el que el TTN critica el método de flujo de fondos que hoy utiliza el BICE, por medio de una unidad creada ad hoc. Otra vez: se repiten los nombres y las situaciones pero el contexto político lleva a que se tomen otros caminos, incluso reñidos con la normativa del Tribunal.

Llamativa respuesta

A pesar de la opacidad del Gobierno en estos temas, el eje de los argumentos actuales de Villamonte para apartar al TTN fueron expuestos en una respuesta suya a una solicitud de acceso a la información (también contestada en solitario), para tratar de explicar por qué en los casos de Intercargo, AySA, Centrales del Comahue, Belgrano Cargas, Nucleoeléctrica y Transener tomó la decisión de correr al Tribunal de Tasaciones de la labor para la que fue creado. Llamativamente, en esa respuesta no menciona lo que afirmó públicamente.

En la segunda página de ese documento, Villamonte recorre un trayecto dictado por el equipo de Federico Sturzenegger: “La valuación de las empresas en marcha exige la aplicación de metodologías que integren variables económicas financieras, contables, legales y sectoriales, siendo el método de Flujo de Fondos Descontados uno de los más utilizados a nivel internacional. El TTN cuenta con una trayectoria consolidada en la valuación de activos tangibles; sin embargo, el abordaje de las valuaciones de empresas cuyo valor principal deriva de su capacidad de generación de ingresos futuros requiere herramientas y estructuras que exceden el marco normativo y técnico vigente”.

Estas líneas que toma como propias Villamonte fueron redactadas por los Administradores Gubernamentales del Ministerio de Desregulación que conduce el citado Sturzenegger. El objetivo era sencillo: que las tase el BICE, presidido por Maximiliano Voss, por medio de la unidad de valuaciones que recién fue creada en julio de 2025, tal y como lo reconoce la propia entidad que depende del Ministerio de Economía en sus Memorias y Balance y en el documento elaborado por la calificadora Fix SCR. Sin embargo, en ninguna parte se especifica quiénes llevan a cabo las tasaciones ni mucho menos su cualificación, todo queda en el mayor de los secretos, como reveló oportunamente Ámbito. Secreto configurado por la resolución emitida por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas (ATEP), que preside Diego Chaher y funciona dentro del Ministerio de Desregulación: “Sin perjuicio del principio de publicidad que rige los actos de gobierno, corresponde resguardar los informes de tasación elaborados (...) hasta el perfeccionamiento de los procedimientos de selección correspondientes”.

Ahora bien, hubo un tiempo en que todo fue distinto. Y no resulta para nada lejano.

Una rareza más: Ámbito contactó al Tribunal de Tasaciones para que brinde respuestas precisas al respecto. Llamativamente, el Tribunal convirtió las preguntas de este medio en una nueva solicitud de acceso a la información hacia el propio Villamonte. Transcurrido el tiempo que impone la ley para responder, el Tribunal solicitó una prórroga para contestar la solicitud de acceso a la información autogenerada.

Un caso testigo

Mientras fuentes calificadas dentro del Tribunal de Tasaciones apuntaron contra Villamonte por “citar la ley a medias, ya que casualmente se detuvo justo antes del inciso que lo contradice”, especialistas a los que consultó Ámbito marcaron 2017 y 2018 como un espejo a través del cual hay que mirar la actual gestión. Ese fue el año en que se inició el proceso de tasación de las Centrales Térmicas Ensenada de Barragán y Brigadier López.

Justamente, sobre ese proceso emitió un informe especializado la Auditoría General de la Nación en el cual consta que el Tribunal de Tasaciones rechaza y cuestiona el método que el equipo de Sturzzenegger propuso y que Villamonte acató por cuenta propia.

En la página 12 del informe de la AGN, se subraya que el método utilizado por el Tribunal de Tasaciones, bajo la presidencia del propio Villamonte, es el que ahora rechaza él mismo: se trata del método basado en el valor patrimonial y no el impuesto por los Administradores Gubernamentales del Ministerio de Desregulación, que se ciñe al Flujo de Fondos Descontados.

Es bastante más concreto en la 164, al sostener que “el TTN, organismo especializado en la materia, cuestionó el uso del método de flujos descontado utilizado por el auditado y fundamentó el valor de su tasación”.

La AGN siguió refutando el método que impuso el Ministerio de Desregulación: “Surge de las tasaciones que el TTN utilizó el método del valor patrimonial o sustantivo para la valuación de las Centrales, en contraposición al método de flujos de fondos utilizado por IEASA, al solicitar la tasación, dado que este último “se establece mediante ganancias hipotéticas”. Según los informes, IEASA le remitió una evaluación de las Centrales por el método de flujo de fondos, aunque el TTN propuso correcciones a los cálculos, y comparó los resultados de su examen con los obtenidos por el modelo presentado por IEASA”. Actualmente, IEASA es la Secretaría de Energía y ENARSA.

La Auditoría remarcó que “en agosto de 2018 el TTN determinó el valor patrimonial de ambas centrales. El método de valuación aplicado resultó del valor de los activos a valor de mercado detraídas las deudas de las centrales”.

No obstante, la propia AGN brindó explicaciones sobre por qué se usó el método de valor patrimonial en desmedro del de flujo de fondos, lo que que justamente actualiza su importancia con el actual proceder del Tribunal de Tasaciones, presidido por quien también lo hacía durante el mandato de Mauricio Macri: “Surge de las tasaciones que el TTN utilizó el método del valor patrimonial o sustantivo para la valuación de las Centrales, en contraposición al método de flujos de fondos utilizado por IEASA, al solicitar la tasación, dado que este último “se establece mediante ganancias hipotéticas”. Según los informes, IEASA le remitió una evaluación de las Centrales por el método de flujo de fondos, aunque el TTN propuso correcciones a los cálculos, y comparó los resultados de su examen con los obtenidos por el modelo presentado por IEASA”.

Todo esto deja en un interrogante el actual proceder del TTN.

Consecuencias

Ante la pregunta de este medio, dentro del Tribunal de Tasaciones indicaron que hay un interrogante que “Ámbito dejó picando y que la respuesta que brinda Villamonte no cierra: no es por qué el Tribunal no puede participar en tasaciones, sino por qué decidieron que no debía intervenir. Sin olvidar que el Tribunal de Tasaciones de la Nación es el órgano rector en materia de tasaciones que dispone de la normativa específica y del personal especializado para llevar a cabo su labor, con la imparcialidad y profesionalismo que lo caracteriza y por el cual es reconocido a nivel tanto nacional como internacional, al ser miembro observador de TEGOVA (The European Group of Valuers Associations) que establece estándares de tasación”.

Desde Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) informaron que están “haciendo circular un informe por todos los sindicatos de las empresas que están involucradas en las privatizaciones para presentarlo a la Bicameral y exigir que Villamonte se presente en el Congreso a dar explicaciones”.

Son tres las privatizaciones que ya fueron judicializadas. AySA, Intercargo y las centrales del Comahue.

En el caso de AySA, el juez en lo Contencioso Administrativo 2 de La Plata, Mariano López, frenó el proceso de venta de activos por posibles perjuicios ambientales. La resolución cuestiona la falta de evaluaciones sobre impactos ecológicos y pone bajo la lupa el esquema impulsado por el Ejecutivo.

En tanto, que en el de Intercargo como en el de las centrales del Comahue, ambas judicializaciones, apunta al corrimiento del Tribunal de Tasaciones y la valuación realizada por el BICE. Ámbito dio a conocer que el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 aceptó como querellante a la APLA y, a la par, solicitó al Ministerio de Economía toda la información respecto de la privatización de Intercargo, puesto que, con diferentes tecnicismos, ocultan la tasación realizada por el BICE y su flamante unidad de valuaciones creada para esta finalidad. Cabe señalar que en la presentación de APLA consta que tanto el banco Nación como el Central se negaron a realizar las tasaciones para no quedar implicados en la operación.

En lo que respecta a las centrales del Comahue, la fundación Soberanía de Neuquén presentó una denuncia que se tramita en la justicia federal de General Roca, Río Negro, en la que señalaron que Villamonte se excusó de avanzar en la tasación solicitada por el Ministerio de Economía. De acuerdo con fuentes calificadas, el Tribunal de Tasaciones delegó esa función en bancos, que tampoco la llevaron a cabo, por lo que recayó en el BICE. Entonces, la presentación judicial plantea que las hidroeléctricas fueron “rematadas” sin un valor oficial. Pidieron acceder a los contratos, pero hasta ahora no se lo permitieron. Es por eso que lo logrado por APA en el caso Intercargo puede convertirse en un precedente.

Pareciera que el reloj de arena ya fue dado vuelta, y el tiempo de las explicaciones más claras comenzó a correr.

El informe completo y oficial de auditoría donde se señalan las inconsistencias en el argumento que hoy se esgrime para esquivar al Tribunal de Tasaciones de la Nación