Greco: Miceli insiste en no explicar pagos

Judiciales

Felisa Miceli respondió ayer la intimación que la Justicia le cursó para que explicara al Senado las alternativas del fallido pago al Grupo Greco. La ministra, en un escrito dirigido a la jueza María José Sarmiento, ratificó que los informes oficiales sobre el trámite de la deuda con los Greco en el Ministerio de Economía ya habían sido presentados en Diputados por el jefe de Gabinete y pidió que se declare abstracta la acción de amparo presentada por los senadores radicales Gerardo Morales y Ernesto Sanz para forzarla a informar. Contestó así la orden de la jueza Sarmiento que había hecho lugar a una acción de amparo presentada por los radicales, en uso del decreto de «Acceso a la Información», para que Miceli explicara, entre otras cosas, por qué incluyó las seis órdenes de pago a favor de los Greco dentro de un proyecto de ley de ampliación de bonos que el gobierno envió al Congreso, quién tomó esa decisión o por qué decidió declarar nulo todo lo actuado por los abogados oficiales en torno a la causa Greco.

  • Cuestionamiento

  • En el escrito, firmado por los abogados Eduardo Peró y Miguel Font con el patrocinio de Valeria Pomodoro, se cuestiona que «los señores senadores incluyeron las mismas preguntas que contestó el jefe de Gabinete de Ministros, Alberto Fernández, en su informe mensual ante el Congreso de la Nación». El jefe de Gabinete explicó ese día que nunca estuvo en el ánimo del gobierno apurar un pago a los Greco-Bassil y cargó contra los responsables del área legal del Ministerio de Economía de la época en que Roberto Lavagna fue ministro, a quienes acusó de haber facilitado el reconocimiento de deudas a favor de los Greco.

    Miceli denunció también que Sanz y Morales «en algunospasajes de su presentaciónpeticionan como ciudadanos, y en otros se adjudican -desde luego, de modo indebido- la representación del cuerpo al cual pertenecen».

    La ministra recuerda en la presentación que el Senado «no ha producido ningún despacho ni ejecutado pedido o adoptado decisión alguna en el sentido que en esta presentación se realiza». La afirmación resulta, al menos, graciosa: se sabe que el Congreso no aprobó en los últimos años ningún pedido de informes al Poder Ejecutivo, ya sea en temas urticantes como éste o en cuestiones nimias. El gobierno hace tiempo les comunicó a senadores y diputados que ese tipo de interrogatorios le resulta molesto y una pérdida de tiempo.

    A pesar de eso, Miceli machacó: los senadores radicales quisieron «sustituir los medios con que cuenta el Poder Legislativo cuando actúa, orgánicamente, en uso de facultades atribuidas por la Constitución nacional».

    «De lo expuesto surge con claridad meridiana que en todo momento, desde este ministerio, lejos de ocultar información respecto del caso, se dio amplia publicidad y transparencia a lo actuado, con la intervención dada a todos los organismos de control», dice el escrito presentado ayer a la Justicia y del que anoche los senadores no habían sido aún notificados.

    «Al momento de diligenciarse el oficio que se responde, esta acción ya era totalmente abstracta, y así solicito se declare, con expresa imposición de costas», termina el petitorio dejando claro la intención de que Morales y Sanz se hagan cargo del costo del trámite judicial.

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