Importante señal de la Corte al gobierno

La Corte declaró anoche la inconstitucionalidad de la ley aprobada en San Luis que ordenaba a los bancos instalados en su territorio devolver dinero retenido por el «corralito» y en la moneda de origen. Fue una inesperada ayuda al gobierno y puntualmente a Roberto Lavagna, por la amenaza que generaba la ley a las entidades financieras y su precedente. También una señal política importante de la Corte en momentos en que por los amparos contra el «corralito» se espera desde Economía otra resolución favorable que frene el «goteo» de fondos de los bancos. El argumento del máximo tribunal fue que una provincia no puede legislar sobre cuestiones federales reservadas para las instituciones de la Nación, con el riesgo de provocar una anarquía en el sistema institucional de la República. La decisión fue tomada por mayoría, apenas un día antes de que vaya al Palacio de Justicia el delegado de Eduardo Duhalde para cerrar el conflicto con la Corte: su ministro de Justicia y Seguridad, Juan José Alvarez.

La Corte declaró anoche la inconstitucionalidad de la ley provincial 5.303 dictada por la Legislatura de San Luis, que obligaba a los bancos con asiento en ese distrito a devolver los depósitos retenidos por el «corralito» financiero en su moneda de origen.

La medida se interpretó en tribunales como una señal al gobierno de que la máxima conducción de la Justicia comenzaría a acompañar las decisiones económicas como lo hizo con los ex presidentes Carlos Menem y Fernando de la Rúa, pese a la insistencia de los diputados de mantener pendiente el juicio político contra sus miembros y el criterio del propio Eduardo Duhalde de pedir tres renuncias.

«La gravedad del momento exige que alguien tenga que gobernar porque a este paso se destruye el sistema institucional», sostuvo una alta fuente judicial, para la que el único motivo de la medida fue evitar «la instalación de una peligrosa anarquía en el país al tener noticias de que otras provincias -no dijo cuáles-tenían proyectado seguir el ejemplo de la Gobernación puntana», a cargo de Alicia Lemme pero manejada desde atrás por el ex mandatario puntano y actual precandidato del PJ, Adolfo Rodríguez Saá. La decisión se tomó, además, a menos de 24 horas de la visita al alto tribunal del flamante ministro de Justicia y Seguridad, Juan José Alvarez, sobre quien Duhalde delegó la responsabilidad de cerrar el conflicto con la Corte.

• Competencia

El fundamento jurídico de la resolución de la Corte se basó en que «las cuestiones de materia financiera son competencia federal», por lo que las provincias están inhibidas de legislar o adoptar disposiciones administrativas vinculadas a los bancos, que deben ser supervisadas por la Ley de Entidades Financieras y cuya autoridad de aplicación es el Banco Central (BCRA). La disposición judicial hizo lugar al recurso de amparo presentado el 27 de mayo pasado por la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) y la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (Abappra). Las entidades se quejaron de que la ley puntana creaba un estado de doble incertidumbre porque pretendía sujetar las instituciones a un régimen especial de devolución de los depósitos distinto al que rige en el orden nacional.

Los máximos jueces llegaron a esta decisión después de una ardua discusión, que les llevó toda la jornada, en la que se analizó, por un lado, el grave problema de la «anarquía que se proyecta con esta decisión de San Luis por la que -de continuar en otros estados federalesla organización constitucional del país sería una confederación y no una federación, como determina la Constitución». El criterio opuesto hizo reservas sobre la repercusión en la sociedad, fundamentalmente en los ahorristas, y el avance sobre el derecho a la propiedad que tutela el artículo 17 de la Carta Magna. Por eso, algunos de los disidentes, como Adolfo Vázquez y Carlos Fayt, pretendieron que se trate, también, el juicio de San Luis contra el Banco Nación, apoyado por el Ministerio de Economía, para que se le devuelvan u$s 234 millones en esa moneda.

Pero avanzar en este tema era una concesión demasiado one-rosa para Duhalde, a quien se critica su presunta incapacidad política para contener el arrebato de Elisa Carrió y el bloque de la UCR en Diputados de no querer tratar el juicio político cuando fue ese sector político el que pidió abrir la sesión para definir el caso que complica seriamente a las instituciones del país por mezquina especulación política.

Antonio Boggiano reservó su criterio -tuvo dudas, en un principio, de que fuera materia federal-para el final y accedió a la firma de conceder el recurso de amparo a ABA y Abappra junto con Guillermo López, Augusto Belluscio, Eduardo Moliné O'Connor y Julio Nazareno, quien volvió a sentir molestias por su problema cardíaco. Enrique Petracchi y Gustavo Bossert, que se excusaron porque «tienen dinero retenido por el 'corralito'», hicieron llegar su acuerdo a la mayoría, que votó en favor del amparo.

El gobierno puntano había resuelto que «todos los depósitos de propiedad del Estado provincial, municipios y demás personas jurídicas existentes en el sistema financiero afectados por el régimen del Decreto Nacional 1.570/01 y por todas las normas modificatorias y/o complementarias de las restricciones constituidas en depósitos a la vista o en cualquier modalidad en entidades financieras autorizadas a operar en la provincia de San Luis, de conformidad a lo prescripto por la Constitución provincial, fueron devueltos de inmediato y sin restricciones originalmente pactadas en términos de moneda, plazo y tasas de ajustes que correspondan o de la aplicación de las restricciones o de la aplicación de las normas indicadas en la declaración de emergencia financiera» que promulgó esa provincia que, además, amenazó con serias sanciones a los bancos que no acatasen estas disposiciones.