Innovación ideológica; se viene "Casación porteña"

Alberto Iribarne

La Casa Rosada retomará la iniciativa para modificar el funcionamiento de la Cámara de Casación Penal. Los cambios serían incluidos en una amplia reforma de los procedimientos penales que un grupo de «notables» está elaborando en una comisión del Ministerio de Justicia.

El proyecto comprende la creación de una «Casación porteña» que tendrá injerencia sobre todas las cuestiones que tienen que ver con los tribunales de la Justicia nacional. Estará compuesta por tres salas e integrada por diez jueces. La selección de los nuevos camaristas será por concurso y dependerá del Consejo de la Magistratura.

¿Que pasará con la actual y criticada Casación? Pues trasmutará de nombre y cometido: se denominará Cámara Federal de Casación con exclusiva competencia en casos federales de la Capital y de los juzgados del interior.

La alternativa ya fue introducida en los despachos presidenciales y está siendo observada por el secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, y también por el ministro de Justicia, Alberto Iribarne.

La reforma de la Cámara de Casación es un tema que ocupa (y preocupa) a la administración kirchnerista. El Presidente se encargó de remarcar su « deficiencia» cuando desde el atril político montado en la cárcel clandestina de La Perla, Córdoba, criticó a ese tribunal por « demorar» los juicios contra militaresinvolucrados en violaciones a los derechos humanos.

La embestida de Néstor Kirchner motivó el pedido de juicio político de cuatro camaristas: Alfredo Bisordi, Ana Capoluppo, Gustavo Hornos y Eduardo Riggi. Su permanencia como jueces pende ahora de un dictamen del Consejo de la Magistratura.

Desde entonces, han habido muchos intentos reformatorios, pero ninguno alcanzaba (como éste) a sumar los ingredientes necesarios para reconvertir esa instancia judicial sin provocar una convulsión en los sensibles jueces.

Es obvio que además de acotar el tiempo que los magistrados de Casación se toman para resolver una causa el gobierno busca menguar el poder que hoy tienen y, además, introducir una renovación ideológica.

Función

La Cámara de Casación es el segundo tribunal de importancia del país, luego de la Corte Suprema. Fue gestada en 1992 y tenía como función primaria fijar jurisprudencia en materia penal. Sus decisiones adoptadas en plenario se reconocen como obligatorias para los Tribunales Orales, Cámaras Federales de Apelaciones y para todos los jueces, salvo aquellos que dejen expresamente asentadas su opinión contraria.

Tras el enfrentamiento entre Kirchner y algunos de los magistrados que conforman el tribunal, el oficialismo alentó varios proyecto para hacerlo desaparecer. Uno de los bocetos corresponde a la autoría del procurador fiscal Luis González Warcalde con el patrocinio del juez supremo Eugenio Zaffaroni.

La aspiración era que la Cámara del Crimen y la Cámara Federal ocupasen el rol de revisoras de los procesos orales, una tarea de la que actualmente se encarga la Cámara de Casación.

El bosquejo quedó detenido en el despacho del senador y jefe del bloque peronista Miguel Pichetto. Sucede que se chocaban funciones: podía ocurrir que un juez que revisara un fallo de primera instancia debiera hacerlo nuevamente cuando llegara a la instancia de queja.

Quienes alientan el nacimiento de la «Casación porteña» explican que el tribunal aliviará el trabajo de la vieja Casación. De esa sobrecarga de trabajo se quejan a menudo los actuales jueces. Sostienen que por año reciben más de seis mil causas y que es imposible trabajar con una dotación de personal que no ha variado en una década. El gobierno cree que es una excusa para frenar los juicios a los militares.

Crear un nuevo tribunal es una forma, también, de quitarles argumentos a los jueces de Casación acerca del excesivo incremento de causas y del poco aporte (económico y de recursos humanos) que reciben desde el Poder Ejecutivo.

En el Ministerio de Justicia se está elaborando un informe que desestima ese lamento: se afirma que en los últimos tres años el monto asignado a la función judicial aumentó de $ 884 millones a $ 1.585 millones, es decir, que hubo un incremento presupuestario de 79,3%.

«Casi el doble que el aumento registrado en otros dos poderes», dicen. Puntualiza que, en el mismo lapso, la cantidad de cargos en el Poder Judicial aumentó de 17.723 a 20.003, o sea hubo 2.269 cargos nuevos.