Insistirá Urso en pesquisa de enriquecimiento de Menem

El juez federal Jorge Urso decidirá hoy que tiene competencia y se encuentra facultado para investigar por presunto enriquecimiento ilícito a Carlos Menem. La defensa del ex presidente sostiene que no puede ser juzgado por este supuesto delito porque ya fue sobreseído en 1998 por el juez provincial de La Rioja, Miguel Angel Morales, en fallo al que luego adhirió el juez federal por la Capital, Jorge Ballestero. Pese a que ambos fallos fueron confirmados por las cámaras respectivas, Urso aceptará la insistencia del fiscal Carlos Stornelli para que se lo investigue a Menem por este presunto delito. Stornelli criticó irónicamente a su par riojano por considerar que no se había investigado ese delito sino la remodelación de la casa familiar conocida como «La Rosadita» que pertenece a su hija Zulemita y a la pista de aterrizaje en el aeropuerto, ambas obras ubicadas en la localidad de Anillaco.

Precisamente la fecha defendida por Stornelli fue el motivo que argumentó Juan José Galeano, el otro juez federal que comenzó una investigación contra Menem a partir de una denuncia formulada en 1998. Obviamente 1996 es anterior a esta nueva fecha pero los abogados de Menem -para este caso César Arias-refutan que su defendido verá lesionadas garantías constitucionales que lo colocan en el doble juzgamiento por un mismo motivo. Por eso Arias apelará la decisión de Galeano y los otros abogados del ex presidente -Oscar Roger y Oscar Salvi-anticiparon que harán lo propio si Urso decide optar -como lo viene haciendo-por la estrategia de investigación que lleva adelante Stornelli. Eso hará que el incidente pase a la cámara y, por la vía de apelaciones, llegue a la Corte, quien derivará, previamente, a dictamen del procurador general. Cerca de Nicolás Becerra se entiende que en este caso se da la figura de «cosa juzgada».

De todos modos, Urso, anticipándose a su propia resolución y haciendo caso omiso a las presentaciones de los abogados de Menem, ya impartió unos 100 requerimientos entre los que incluye sobre la sucesión de Carlitos Menem y los bienes de Zulema Yoma y de Zulemita. Ese detalle incluye la posibilidad de que existan bienes inmuebles, muebles, sociedades, cuentas bancarias, tarjetas de crédito, activos financieros y otros bienes a nombre del ex presidente. También pidió informes a Uruguay y a Suiza, solicitando el levantamiento del secreto bancario. Como este último país no le exigió precisiones como hizo con María Servini de Cubría y Gabriel Cavallo, Urso cree que ese país impulsará la investigación penal contra Menem y para ello argumenta -en privado-tener canales informales que le habrían hecho llegar esta novedad. Pero a Servini de Cubría, la Justicia de la Confederación Helvética le comunicó que en ese país no existe calificación penal por enriquecimiento ilícito, cuya particularidad, exige que el acusado deba demostrar que es inocente, lo que se conoce como « inversión de la carga de la prueba».

Base

Stornelli toma como base de su acusación el hecho de que Morales no lo incluyó a Menem en su investigación y por la existencia posterior de dos denuncias por parte de los abogados Ricardo Monner Sans y Florencia Varela en la que pedían que se lo investigue a Menem por la supuesta comisión de los delitos de administración fraudulenta, malversación de caudales públicos, violación de los deberes de funcionario público y cohecho (coimas) o dádivas. Para Stornelli, Morales no tenía facultades para investigar a Menem por enriquecimiento ilícito porque se trata de un delito de carácter federal y acusó a Ballestero y al fiscal Miguel Taiano de haber partido de una premisa falsa cuando adhirieron al fallo de Morales que recibió las actuaciones de Bagnasco. Tampoco este ex juez federal porteño había encontrado pruebas para acusar a Menem y remitió las actuaciones a la Justicia provincial.