¿Juzgarán aquí a ex militares franceses?

Dos complicados temas se conocieron ayer sobre la resurrección de las causas por derechos humanos. Por un lado, trascendió que la Cancillería le envió un informe al gobierno francés por el cual -se explica- resulta imposible conceder la extradición del ex marino Alfredo Astiz. Se ampara en que esta demanda ya fue rechazada antaño y, por otra parte, como ahora Astiz es un civil, la cuestión no tendría la misma sencillez que si mantuviera su estado militar. Frente a eso, con los franceses habría otro problema: como varios generales del Proceso han confesado que fueron instruidos y aconsejados por colegas uniformados franceses (también por norteamericanos) para reducir y exterminar la guerrilla con una metodología hoy enjuiciada, algunos jueces locales van a demandar la extradición de esos asesores (cuya identificación ya fue revelada), lo que ha puesto nerviosa a la Cancillería.

Parte Rafael Bielsa el lunes a México, previo fin de semana en Brasil, para una cumbre de cancilleres y ministros de Economía. Siete días en una tierra que se proveerá con un nuevo embajador (Guillermo Jacovella), donde seguramente Bielsa hasta hará de Roberto Lavagna porque éste no puede viajar. Sin embargo, la partida de Bielsa aparece nublada por una complicación de características judiciales que lo empieza a inquietar.

Ocurre que al desempolvarse todas las cuestiones relativas a las violaciones de los derechos humanos de la década del '70, como se sabe, no sólo aparecen vinculados militares (ya que también, no casualmente, ahora están en prisión dos jefes montoneros y un tercero está prófugo). Se supone que las consecuencias de índole judicial, al margen de los 2.000 uniformados que podrían ser obligados a comparecer, según anticipó el ministro de Defensa, José Pampuro, podría suponer la convocatoria a otros civiles, inclusive del bando opuesto.

• Derivaciones

Pero la cuestión hoy más nítida que surge en los despachos de los jueces, junto a todo esto, podría tener derivaciones internacionales. Es que son varios los altos oficiales de las Fuerzas Armadas Argentinas que han revelado -últimamente en un trabajo de investigación de la televisión europea- haber recibido información, adoctrinamiento, asesoría y consejos de militares del exterior. Más precisamente, franceses y norteamericanos.

Al parecer, la primera mirada judicial ya se ha lanzado sobre distintos jerarcas de las Fuerzas Armadas francesas -se conocen con detalle nombres, identificación y rangos de otras épocas-, quienes serían llamados para confirmar sus instrucciones en relación con la forma de capturar, obtener información y tratamiento a los guerrilleros o, para ellos, sediciosos. En ese aspecto, debido a las características y responsabilidades que los propios militares argentinos les han concedido a esas sugestiones o consejos, a muchos de estos colegas francesas -al mejor estilo del juez español Baltasar Garzón, quien no se sabe aún si intervendrá en esta cuestión- podría reclamarse la extradición.

Para la Cancillería argentina, un tanto incómoda por los problemas con la Justicia española, ahora se le añade eventualmente una complicación inesperada y de tinte judicial. Porque al margen de presuntos escraches o manifestaciones contrarias a militares, en su propio país, por haber recomendado métodos ciertamente anómalos para combatir la subversión, les cabría algún tipo de explicación en los estrados locales. Quienes manejan Relaciones Exteriores, inicialmente convencidos de que el Quai D'Orsay podía agradecer la investigación de ciertos casos del pasado (sobre todo los que afectaron a ciudadanos de esa nacionalidad y en los cuales el marino Alfredo Astiz aparece como uno de los mayores denunciados), ahora han sido sorprendidos con esta derivación que intentaría forzar la presencia en la Argentina de militares de ese origen para quienes la tortura o la desaparición constituía un método de lucha, tal vez consecuencia de su participación anterior en la guerra de Argelia.