La propia Justicia desmoronó toda la causa del "arrepentido"

Lo dispuso la Sala 1 de la Cámara Federal de Apelaciones. Es terminante en descalificar lo actuado por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. No es una cámara hostil al gobierno, ya que la forman jueces como Martín Irurzun, Horacio Vigliani y Horacio Cattani (éste estuvo ausente en el tema). Una cámara que fue durísima con Carlos Menem, exagerando su encarcelamiento a nivel de haber sido refutada años atrás por la Corte Suprema. Este fallo habla de «investigación defectuosa» y de «realización de importantes pruebas que inexcusablemente habrá que decidir». Agrega que «las pruebas producidas no permiten recrear adecuadamente la verdad investigada», que «se parte de una confesión prestada por quien antes (Mario Pontaquarto) negara su participación y dada a cambio de una retribución» y que «los reconocimientos de lugares fueron practicados sin que hubiera mediado la posibilidad de control de los restantes imputados». El gobierno, vía el multiuso ministro de Justicia, Gustavo Béliz, y su Oficina Anticorrupción, apelará a la Cámara de Casación o a la Corte Suprema, sin mucho sentido porque aquí no hay fallo sino orden de efectuar una investigación con seriedad por parte de un juez de primera instancia. Todo partió del «arrepentido» ex secretario del Senado, Pontaquarto, que dijo haber recibido dinero en efectivo de la SIDE dirigida por Fernando de Santibañes (durante la presidencia de Fernando de la Rúa) para soborno de senadores a los efectos de sancionar la híbrida reforma de la ley laboral. Todo lo de Pontaquarto resultaba raro, hasta decir que tuvo los presuntos 5 millones de pesos-dólares en el baúl del auto estacionado en el Congreso. El gobierno se ve obligado a apelar porque usó la anómala investigación en primera instancia y el escándalo por la denuncia pública en diciembre de 2003 para una de sus prácticas preferidas: atacar a «los políticos y a la vieja política». Ahora, todo vuelve a fojas cero por decisión de la propia Justicia, pero en el camino los sindicalistas aprovecharon el río revuelto e hicieron derogar en el Congreso la ley laboral que ahora se duda fue sancionada con incentivos. No era una gran ley, pero introducía algunas pequeñas mejoras en el cerrado sistema laboral argentino, que desalienta permanentemente inversiones de capitales en el país y hace que las empresas no se arriesguen a tomar más empleados. Por caso, quedó así suprimido un período de prueba inicial más largo para tomar trabajadores y el tope a indemnizaciones, lo cual agrava los costos de las empresas y les hace temer más tomar personal, al extremo de haber llegado hoy la desocupación en la Argentina a casi 20%, sin dar por «trabajador» al desocupado que usufructúa un Plan Jefas y Jefes de Hogar.

Mario Pontaquarto.

La Cámara Federal declaró ayer nulos los procesamientos de cuatro ex funcionarios en la causa por supuestos sobornos en el Senado, en tiempos de la reforma laboral de 2000. La medida beneficia al jefe de la SIDE de Fernando de la Rúa, Fernando de Santibañes, de cuya oficina -se decíahabrían salido los presuntos fondos para «pagar» la ley; a dos de los senadores con mandato cumplido que habrían recibido el beneficio económico, el peronista Emilio Cantarero y el radical José Genoud; además del autodenominado «arrepentido» Mario Pontaquarto, otrora secretario parlamentario de la Cámara alta (de origen UCR), quien se adjudicó el papel de «valijero».

La investigación tribunalicia, que está a cargo del juez federal Rodolfo Canicoba Corral, sufrió un durísimo revés al emitirse el fallo de segunda instancia con las firmas de Martín Irurzun y Horacio Vigliani.

Canicoba había dictado los procesamientos el 23 de enero pasado, simultáneamente con millonarios embargos ($ 10 millones) que ahora también quedarán desactivados. Se basó para tomar aquella decisión, fundamentalmente, en las afirmaciones de Pontaquarto, cuyo testimonio fue relativizado en segunda instancia.

El «arrepentido» «se confesó» ante un semanario de actualidad a comienzos de diciembre de 2003, «TXT» -a cambio de una suma de dinero, claro-, y buscó protección en el gobierno de Néstor Kirchner antes de llevar su testimonio a Comodoro Py, donde había estado en anteriores oportunidades sin recordar que se hubiera cometido ilícito alguno. Recobró la memoria, según dijo, porque no podía mirar a sus hijos a los ojos. En esa misma época, se quedó sin trabajo pues lo exoneraron del Senado, donde seguía revistando como agente. En menos de 60 días, Canicoba dictó los 4 procesamientos que ayer desestimaronlos camaristas. En términos severos, Irurzun y Vigliani comentaron que la causa fue abordada en forma «parcial» e «incompleta». A criterio de ellos, no se comprobaron en su totalidad las afirmaciones de Pontaquarto, quien admitió haber sido parte del operativo de pago de $ 5 millones (convertibles a dólares) en supuestas coimas a senadores para que aprobaran la Ley de Reforma Laboral, en abril de 2000.

«Faltaron probanzas que resultan ineludibles», sentenciaron-Irurzun y Vigliani, quienesordenaron al juez realizar nuevos careos, pedir informes telefónicos para corroborar dichos del «arrepentido» y hacer lugar a pruebas solicitadas por la defensa del ex «señor 5».

En cuanto a Pontaquarto, la Cámara puso en duda las verdaderas razones de su protagonismo merced a que recibió dinero a cambio de la exclusiva con la revista «TXT» que antecedió su «confesión» ante la Justicia. «Esta confesión -más allá de las razones personales y de conciencia que adujera-fue vertida al expediente luego de suscribir un convenio con una publicación periodística», a cambio de dinero y asesoramiento jurídico, subrayaron en el fallo.

Esta situación resulta crucial en el escrito, ya que «el compromiso de pago por parte de un medio para dar judicialmente su confesión, conocida en el expediente, impone una mayor exigencia de cuidado al momento de valorar sus dichos y por sobre todo corroborarlos por otros medios de prueba». Por supuesto, opinaron que Canicoba
Corral no cumplió con este requisito.

Aun cuando no se da por descontado que se trate de una falsedad, los camaristas señalaron que «no se corroboró» la reunión del ex presidente De la Rúa con senadores en la cual, según Pontaquarto, se habría acordado «algo más» para conseguir la sanción de la denominada «ley Flamarique». De esa cumbre habrían participado el titular provisional del Senado, José Genoud; el jefe del bloque del PJ, Augusto Alasino, y el responsable de la comisión cabecera del proyecto, Trabajo, Alberto Tell (PJ-Jujuy).

También faltaron pruebas para establecer si Pontaquarto, como aseguró, se dirigió a la SIDE para retirar el dinero destinado al pago de los supuestos sobornos y si pudo «en sólo 19 minutos» hacer un derrotero con ese dinero hasta la casa del entonces senador Cantarero, donde habría dejado parte de la plata. Canicoba tomó con sorpresa y disgusto la resolución, aunque se supone que se tomará la feria judicial de invierno antes de adoptar una decisión. Anoche, sólo se había notificado extraoficialmente, de acuerdo con lo que trascendió en Tribunales.