13 de septiembre 2006 - 00:00

¿La renuncia del juez Urso fue para proteger a D'Elía?

Renunciante juez deja pendiente causa de toma de comisaría por Luis D'Elía, que nunca fue a declarar.

Jorge Urso
Jorge Urso
Un coro bastante amplio de dirigentes oficialistas aplaudió ayer la salida de Jorge Urso del Juzgado Federal Nº 8 como una señal de depuración de la Justicia. Es cierto que el juez siempre fue señalado por sus conductas sospechosas. Pero Néstor Kirchner le aceptó en el acto su renuncia, por razones de salud, antes de que se determine su responsabilidad en un inventario de procedimientos por los que se lo acusaba en el Consejo de la Magistratura. Gracias a esa decisión del gobierno, se evitarán sanciones sobre la conducta del ex magistrado. Por lo tanto, queda el derecho a dudar acerca del significado de su separación: si se trata de una purificación de los tribunales o si es, en cambio, solamente la liberación de una vacante en beneficio del acusado y del gobierno que podrá ahora designar a un reemplazante.

Esta ambivalencia se vuelve más dramática cuando se conocen algunos detalles del alejamiento. Por ejemplo, la confluencia entre la expectativas de Urso de evitar las acusaciones del oficialismo en el Consejo y las de este oficialismo en que quede liberado el Juzgado Nº 8. Porque nadie tiene del todo claro si fue el magistrado quien presentó su dimisión o el ministro Julio De Vido fue quien se la exigió en nombre del Presidente durante la conversación que tuvieron el lunes pasado. Hay más datos en favor de la última alternativa. Muy verosímil, además, porque De Vido, altri tempi, intercambió con Urso argumentos y excusas a propósito de una causa en la que el juez lo investigaba y por la que terminó sobreseyéndolo (acaso uno de los errores del magistrado delante del poder político haya sido realizar tantos «intercambios» y no dictar esa medida favorable de manera más expeditiva).

Sin embargo, no fue a raíz de ese expediente que el Juzgado-Nº 8 atrajo la atención del gobierno. El juez escuchó inquietudes de funcionarios oficialistas durante el último año y medio por otro caso: el del piquetero Luis D'Elía y la toma de la Comisaría 24. En favor del titular de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) se movilizaron encumbrados hombres del gobierno, manifestando siempre alguna preocupación porque se vaya a sancionar al, ahora, secretario de Hábitat.

  • Implacable

  • Hechos concretos, llamados telefónicos, a los que se puede agregar una suspicacia: el consejero de la Magistratura que más implacable se mostró ante los presuntos pecados de Urso fue el diputado Carlos Kunkel, escolta de D'Elía en el palco del Obelisco el día en que el piquetero fue convocado para romper la marcha de Juan Carlos Blumberg.

    No hay derecho a sospechar que Kunkel presionara a Urso en beneficio de su amigo de la FTV. Pero acaso la República merezca tener consejeros de la Magistratura más equilibrados, que además de hostigar a los jueces sospechados de corrupción,como el que renunció el lunes, no aparezcan abrazados a los imputados que esos magistrados investigan. Se trata, por lo menos, de una cuestión de formas.

    Desalojado el despacho de un integrante de la Justicia tan controvertido como Urso, quedan pendientes algunos enigmas importantes que impidendeterminar si esta remoción, por sí sola, beneficia a las instituciones. Uno resulta ya evidente: ¿cambiaron a Urso para garantizar más Justicia o para proteger a amigos como D'Elía? ¿Es tan grande el poder de este piquetero que le permite devorarse a jueces federales? ¿A qué se debe, si existiera, semejante gravitación sobre el Ejecutivo? ¿A quién se protegió al eludirse los procedimientos del Consejo de la Magistratura: al juez acusado o también al gobierno que bendijo su salida con una rápida aceptación de la renuncia? Sólo cuando se cubra la vacante del polémico Urso y se dirima la causa que complica a Luis D'Elía se sabrá si Kirchner quiso ayer dar satisfacción al último punto del petitorio de Blumberg, arrebatándole una bandera, o proveer cobertura a quien prestó el servicio de impedir la manifestación quejosa del padre de una víctima.

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