Magistratura contra gobierno y la Corte por el manejo de $ 500 millones

La reunión plenaria de este jueves se prepara como para alquilar balcones. Los consejeros quieren forzar al gobierno a que dé marcha atrás con un decreto de necesidad y urgencia (DNU) que le cede a la Corte Suprema el manejo de 500 millones de pesos que eran controlados por el Consejo de Jueces.

Los más irritados se están probando el traje de Robin Hood; como los fondos están depositados en una caja de ahorro del Consejo de la Magistratura, planean desconocer el DNU presidencial y no transferir ni un sólo billete a las arcas del tribunal supremo. Consideran que ese decreto cambia el destino de la plata, porque habilita a la Corte para que los fondos excedentes de ese monto se inviertan en títulos de la deuda pública. No es un dato menor: los más de 500 millones de pesos representan la mitad de lo que gasta el Poder Judicial en un año. Pretenden que ese dinero sea utilizado para cumplir el acuerdo que la comisión de paritaria alcanzó con los caciques sindicales a los que les prometió una suma fija de 200 pesos para todos los empleados judiciales. Se afirma que en la línea combativa están enrolados consejeros como el senador Jorge Yoma y los diputados Marcela Rodríguez y Jorge Casanovas. Extraño el planteo de los legisladores de oponerse a una decisión del Ejecutivo. Además, que tenga eco en las huestes peronistas. Pareciera que han olvidado que cuando al Presidente se le instala un capricho es difícil y hasta imposible hacerlo desistir. Sobre todo, porque a la administración Kirchner le interesa más cultivar las buenas relaciones con la cabeza de un poder de Estado que con los inferiores. Es poco probable que Kirchner abandone a Enrique Petracchi en esta cruzada para quedar bien con los consejeros. Los legisladores sostienen que la polémica norma es inconstitucional porque la administración y la ejecución presupuestaria del Poder Judicial están a cargo del Consejo. Y que así lo establece la Constitución en el artículo 114.

Una segunda postura recomienda presentar un recurso de amparo para frenar los efectos del DNU y la transferencia de los fondos. Pero esta iniciativa choca con una realidad. Cualquier trámite jurídico que se inicie en los tribunales inevitablemente terminará en la Corte y su resultado está cantado.

• Dos caminos

La otra alternativa es meter al Congreso en la disputa por dos caminos: con un proyecto de ley que declare nulos e inconstitucionales los decretos de necesidad y urgencia, en especial este que afecta a la Magistratura. Justo cuando el gobierno está cuestionado por el uso que hace de los DNU. En el segundo año de gestión, Kirchner dictó 73 DNU (uno cada cinco días) muy por encima de los dictados por Carlos Menem.

La otra vía es buscar castigar a la administración Kirchner, obligando a que sus ministros concurran al Parlamento para dar explicaciones sobre lo que consideran un «desvío de fondos».

La tercera postura pertenece a los más timoratos, que no quieren reavivar el conflicto que enfrentó al Consejo de Jueces con la Corte Suprema cuando en noviembre pasado cada uno por su lado aumentó el salario de empleados y jueces, respectivamente. Mucho menos quieren pelearse con el gobierno. Por eso aconsejan acatar el decreto y que sea la Corte la que maneje el dinero.