Magistratura: Kirchner borró con el codo razones de Cristina

Judiciales

La modificación del Presupuesto nacional por la aplicación sistemática de los superpoderes concedidos al jefe de Gabinete nació en un mal clima de opinión pública: siempre tendrá un aspecto negativo asegurado. Lo que resultaba difícil de pensar es que ese instrumento ya demonizado desde su aprobación por el Congreso sería aplicado para empeorar otra desfiguración: la del Consejo de la Magistratura. Es lo que acaba de suceder con la Decisión Administrativa 753/2006, publicada anteayer en el Boletín Oficial y sobre la que este diario informó en Tapa en su última edición.

En la arena de los «superpoderes» y de la reforma del Consejo, el gobierno encontró este año dos importantes derrotas políticas, a pesar de su aprobación parlamentaria. Sobre todo, por la herida que esos afanes abrieron entre los cultores del «garantismo», que habían alentado con la llegada de Néstor Kirchner al poder una esperanza de modernización política.

La Decisión 753 dispone, de manera lisa y llana, una modificación del monto asignado al Consejo para la contratación de personal. En la versión original, se previeron $ 9.400.000. Ahora Alberto Fernández aumentó el gasto en personal en 44,6% y llevó ese monto a $ 13.600.000, según figura en las planillas anexas de la norma publicada en el Boletín Oficial (a esa cifra se accede consultando la página de esa publicación en la Web, para lo que se requiere estar suscripto).

  • Explicación difícil

    El aumento en la partida de personal del Consejo ya sería de por sí difícil de explicar si se compara la decisión con los argumentos defendidos por el gobierno para reducir el número de consejeros de 20 a 13, como se dispuso en la reforma aprobada durante el último verano. En aquel entonces, Cristina Kirchner -quien cargó con todo el costo mediático de la operación- arguyó que esa reducción permitiría tener un Consejo más ágil, menos burocrático. Un razonamiento que tiende a despertar una adhesión inmediata en el público.

    En aquella sesión memorable del 21 y 22 de diciembre de 2005, la primera dama dijo, algo indignada: «Una de las críticas que comparto absolutamente a cómo se fue desarrollando este Consejo tiene que ver con una estructura que fue pensada, originalmente, como algo absolutamente dirigido y orientado a la selección y designación de los jueces, pero que terminó finalmente con una superestructura de más de 230 o 240 funcionarios. Hoy, cada uno de los consejeros tiene 7, 9 o 10 miembros, con los sueldos que ello significa, y la mayoría de los salarios tiene que ver con los presidentes de Cámara. O sea, que con un total de 230 empleados, más otros que se sumaron como producto de las transferencias de oficinas de la Justicia, se conformó una enorme estructura con jueces de Cámara de Casación, con secretarios de Corte, con letrados y prosecretarios. Y me refiero a la conformación y a los sueldos de un prosecretario letrado. Por ejemplo, las vocalías de un consejero tienen prosecretarios jefes y oficiales mayores, repito, no del Consejo, sino de cada uno de los consejeros. Así, se ha conformado una macroestructura en la cual cada consejero tiene su propia estructura, más allá de que al mismo tiempo existe la del Consejo, propiamente dicha».

    La senadora Kirchner enumeró todas estas deformaciones para sostener que la reducción de 20 a 13 consejeros «no es casual». Vaya a saber qué opinará ahora, cuando se entere de que habrá un incremento del gasto en personal de 44,6% más que el que suponían aquellas aberraciones que con tanta minuciosidad ella consignó ante los demás senadores.

    El aumento en la cuenta de personal en $ 4.200.000 hace suponer que la orientación ahora es la contraria de la que prometía la primera dama cuando quería conseguir la aprobación de la ley. Habrá más empleados, burocratización creciente, un Consejo más gigantesco. Pero este fenómeno, de por sí llamativo, es más grave si se tiene en cuenta lo siguiente: habrá $ 4.200.000 más para siete consejeros menos. Es decir, el aumento se produce cuando se está disminuyendo el número de integrantes del Consejo.

  • Mensaje grave

    Esta relación, que constituye de por sí un absurdo administrativo, cobija un mensaje político todavía más grave: revela que los argumentos de Cristina de Kirchner en favor de la austeridad, formulados sin duda con toda buena fe, no eran los del gobierno de su esposo. El aumento presupuestario obliga a pensar que era cierto lo que sostenían la prensa y la oposición cuando se discutía la ley: que con la reducción del número de integrantes del Consejo no se pretendía darle agilidad al organismo, sino someterlo políticamente desde el Poder Ejecutivo.

    Frente a esta evidencia, resultan tal vez microscópicas algunas preocupaciones algebraicas. Por ejemplo, qué sucederá con todo el aparato de asesoría que rodeó -como describió muy bien la senadora Kirchner- a los consejeros que ahora abandonan el cargo y cuyas posiciones serán eliminadas del organigrama. Por los números que se manejan en la Jefatura de Gabinete, cabe sospechar que seguirán prestando funciones, como una capa geológica de empleados de las muchas que -cabe esperar- se irán acumulando en cada renovación de mandatos.

    Nada contra Alberto Fernández, quien debe sumar a los reproches por los «superpoderes» los que se dirigieron en contra del Consejo de la Magistratura, que hasta ahora él había evitado. Después de todo, él no podrá utilizar tal vez -al menos en público- el argumento por el cual podría quedar exento de cualquier recriminación: el principal beneficiario del aumento de personal que ahora se dispone acaso sea el diputado Carlos Kunkel, nuevo consejero por la Cámara de Diputados. Y todos saben, en el reino oficialista, la animadversión que se profesan este comisario político del kirchnerismo y el funcionario que, con su poderosa firma, le proveerá un aumento en su estructura política.
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