Militares, a la Justicia contra sanciones

El acto del 24 de mayo en plaza San Martín, donde se recordó a los militares fallecidos en la última dictadura, desató una ola de sanciones a los uniformados y duras críticas de Néstor Kirchner, que los acusó de reivindicar el terrorismo de Estado.

Los militares que permanecen con arrestos de hasta 40 días por haber participado de un acto el pasado 24 de mayo en la plaza San Martín -donde se homenajeó a «las víctimas de la subversión»- y los retirados que serían dados de baja apelarán el castigo impuesto por el gobierno ante la Justicia ordinaria.

Ayer trascendió que los uniformados -quienes cumplen arrestos en distintas unidades del país- serán sancionados con el «retiro obligatorio» por el gobierno, que buscará así trasmitir que no tolerará manifestaciones similares a las de la plaza San Martín.

Los militares que están en la mira del gobierno son los capitanes Juan Lucioni, Gabriel Oesquer y Santiago Listorti, además de los tenientes Juan Ferrero y Andrés Gaspar, quienes participaron de la polémica ceremonia. También, y a pesar de no haber participado del acto, será separado el mayor Carlos Magnani, a quien se le atribuye responsabilidad por ser el jefe de los oficiales sancionados, todos pertenecientes a la Compañía de Comandos 601.

Manipulación

Nilda Garré había asegurado que durante el acto del 24 de mayo se «manipuló» a oficiales jóvenes para «reivindicar el terrorismo de Estado». «Creo que lo que se expresó fue una posición muy marginal, impulsada por sectores retirados de las fuerzas, con la manipulación incluso infame sobre algunos oficiales muy jóvenes», dijo la ministra de Defensa en declaraciones periodísticas.

Sin embargo, uno de los militares retirados que lució su uniforme en el acto de plaza San Martín aseguró que la ceremonia no tuvo ningún contenido político, y que fue desvirtuada por la errónea interpretación que el gobierno hizo del acto. «La cosa no está nada bien, se desandó el camino democrático que construimos en estos últimos 30 años. Siento pavura y discriminación. A los mesiánicos que sugieren que pueden salir los tanques a la calle les digo que eso es una locura, que están atrasados en el tiempo, y que además no tenemos plata ni para el gasoil», fue la contundente respuesta del militar a este diario.

Ahora los uniformados deberán esperar para ver si se concretan estas sanciones -retiro obligatorio y baja para los retirados-, que deben ser resueltas en el ámbito de la Justicia Militar. En caso afirmativo, contemplan la posibilidad de llevar sus casos ante la Justicia ordinaria. Esa es la intención del mayor Pedro Rafael Mercado, esposo de la combativa María Cecilia Pando, quien persigue a Néstor Kirchner en todos los actos castrenses donde se presenta el santacruceño para denunciar la discriminación que sufre su marido. Estos militares consideran que si sus derechos individuales son violentados por una medida administrativa, están en condiciones de reclamar Justicia ante los tribunales civiles.

Las sanciones deberían ser resueltas por la Justicia Militar: la Junta Superior de Calificación de Oficiales debería elevar el pedido de castigos a Roberto Bendini, en su carácter de jefe del Estado Mayor -algo que en la realidad no podría ocurrir sin su consentimiento previo- Garré afirmó que a Kirchner «no le va a temblar el pulso» para «excluir» de la fuerza a quienes «no quieran acatar los principios fundamentales de respeto a la Constitución y a los derechos humanos». Según trascendió, una vez finalizado el sumario que instruye el ejército, también serán dados de baja los cinco coroneles retirados que fueron al acto de uniforme, Rodolfo Solís, Emilio Nani, José Chas, Elio Neni y el general Juan Giuliano.

Sin embargo ayer, la Asociación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos de la Argentina -que preside Pando-, informó que se había decidido suspender «temporalmente» la convocatoria en repudio del incremento de las sanciones para el personal militar en actividad y retirado que participó de uniforme el 24 de mayo próximo pasado en plaza San Martín. «Motiva la presente suspensión el hecho de que, al parecer, la información proporcionada por el matutino 'Clarín' no sería totalmente confiable, ni haría referencia a medidas firmes dispuestas por el gobierno».