No convenció el nuevo decreto que frena amparos pero avalaría la Corte

Nunca pareció más propicio, a la misión del Fondo Monetario y a los 4 notables que ayer dejaron el país, el decreto que suspendió por 120 días hábiles la aplicación de los amparos. Aunque muchos se preguntan si la autoridad presidencial será eficaz con la medida. Los jueces contencioso-administrativos deberán pronunciarse, tal vez las cámaras respectivas y finalmente la Corte Suprema. Por ahora, el decreto es apenas una complicación o demora en el proceso de los amparos (ya que cada demandante deberá presentar un oficio reclamando al magistrado si la medida es o no constitucional). Tal vez, aparezca algún juez que se pronuncie a favor de la constitucionalidad de la decisión, pero se estima que no será la mayoría: ésta mantendrá la línea ya conocida de declarar inconstitucional la suspensión. Llevará su tiempo, pero no demasiado, y es posible que las cámaras sigan el mismo camino. Por lo tanto, como siempre, deberá dirimir la Corte. El gobierno supone que los 9 miembros (al menos 5 como mayoría) se pronunciarán a su favor por la suspensión. Calculan que sería un gesto de buena voluntad, esperable para calmar la crisis bancaria (debe haber habido más de un lobbysta en ese sentido), que no le quita derechos a los demandantes y, por sobre todo, mantiene el control sine die de la Corte sobre una cuestión tan cara a la ciudadanía. Si uno escucha al oficialismo, hasta dicen que es un regalo para los 9 miembros. Parece más real, en cambio, la certeza de una negociación, que un obsequio indeseable. Fue entablada con algunos miembros de la Corte y con Eduardo Camaño (titular de la Cámara de Diputados) y el ministro Juan José Alvarez como interlocutores del lado oficial (también participó José Pampuro, pero como es médico creen que lo hizo para tomar la presión en casos de nerviosismo). Economía sólo participó para hacer el decreto, el cual técnicamente ofrece varios flancos débiles. Entre esos protagonistas, en principio, se habría celebrado un entendimiento para salir en forma momentánea del grave problema de los amparos que perforaban bancos y también reservas. Al menos, hasta encontrar en 120 días una alternativa. Pero esas conversaciones secretas tal vez apunten a otro tipo de operaciones: el fin del juicio político a la Corte, el tratamiento posterior de los militares detenidos que hasta podría culminar en extradiciones y hasta el posible relevo de alguno de los miembros del cuerpo. Pero ese proceso todavía no alcanzó madurez, por ahora empieza a germinar con el decreto de suspensión y el casi automático aval de la mayoría hacia mediados del mes próximo. Debieron pasar 7 meses de agravios e insultos para iniciar una relación que, mientras estuvo rota, sólo produjo daños.

Ayer, nueve de los doce jueces en lo Contencioso Administrativo Federal le dieron un breve respiro al gobierno al paralizar durante la feria judicial la ejecución de las sentencias que obligan a los bancos a devolver depósitos retenidos. Sin embargo, la medida no significó aval jurídico alguno a la norma oficial y, por el contrario, no conformó a ninguna de las partes intervinientes: jueces, ahorristas, bancos y deudores, según se encargaron de transmitir los propios protagonistas. Es más, en esos medios judiciales ya se considera que el decreto adolece de los mismos vicios y errores que la «ley anti-goteo» y normas anteriores que fueron declaradas inconstitucionales por la Justicia, esperándose para hoy o mañana el ingreso de planteos de esa naturaleza porque la feria judicial no rige para las excepciones del «corralito».

• Tregua corta

Por eso se cree que la tregua será corta porque los magistrados esperarán que el Banco Central cumpla con lo que establece el decreto al abrir una vía administrativa de cinco días para los damnificados por razones de excepción: mayores de 75 años y razones de salud. Pero si la auto-ridad monetaria no devuelve el dinero reclamado por el ahorrista y abre la vía judicial, se le exigirá nuevamente al banco privado u oficial que retiene el depósito que lo devuelva en los mismos términos que se está haciendo hasta el presente. O sea que a los efectos prácticos y de acuerdo con el criterio jurídico que rige en ese fuero, lo único que consiguió este decreto, cuya elaboración se le atribuye al secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Economía, Eduardo Pérez, sería atrasar el «goteo» por unos 10 días como máximo. La medida también sorprendió a los abogados de los bancos que se consideran perjudicados y al BCRA, lo que dio lugar a que los jueces interpretaran que la norma es consecuencia de la interna del gobierno.

Ayer, a primera hora, Emilia Marta García, María José Sarmiento, Clara María Do Pico, Claudia Rodríguez Vidal, Liliana Heiland, Sergio Fernández, Martín Silva Garretón, Guillermo Rossi y María Cristina Carrión de Lorenzo decidieron comunicarle a la subdirectora general de Mandamientos de la Corte, María Luisa Bo, que se devuelvan todos los mandamientos iniciados para que se cumpla durante la feria la ejecución de sentencias ya decididas y las que comenzarán a aplicarse después del receso invernal. Ernesto Marinelli, Osvaldo Guglielmino -ambos junto a Silva Garretón postulados para ser camaristas-y Susana Córdoba no firmaron el requerimiento por no tener sentencias de ejecución inmediata. El principal cuestionamiento jurídico a las normas mencionadas es su modificación de las situaciones de hecho, cambio de condiciones legislativas en medio de un proceso, violación del debido proceso, exigencia de cumplimiento retroactivo y falta de procedimiento al no contar -en este caso-con ratificación parlamentaria.

La medida se adoptó como respuesta a una consulta de la misma funcionaria que -en estos días-se reporta al vicepresidente del Tribunal, Eduardo Moliné 0'Connor, uno de los jueces de mayor fluidez en el diálogo con el gobierno. Previamente, los magistrados interpretaron que el requerimiento se debía a un nuevo guiño de la Corte a Eduardo Duhalde, aunque altas fuentes del tribunal desestimaron cualquier orientación hacia los tribunales inferiores. Es que otros jueces de la Corte se mantienen en sus trece de que el PJ en el Congreso debe definir el juicio político para que ese tribunal no se considere en una virtual puesta en comisión que le impida pronunciarse sobre cuestiones de fondo de alto impacto en la sociedad.

• Prisioneros

Adolfo Vázquez le recordó al ministro de Justicia, Juan José Alvarez, que no se entiende cómo el peronismo y la UCR, que dicen ser mayoría y sostienen que realmente quieren resolver este conflicto de poderes, queden prisioneros de la estrategia electoral de Elisa Carrió que ha hecho de la defenestración de la Corte una de sus banderas políticas.

Planteado en estos términos, los ahorristas ya anunciaron vía Nito Artaza que hoy concurrirán en masa a los Tribunales en compañía del ombusdman (defensor del Pueblo), Eduardo Mondino. «Ningún juez va a declarar constitucional eso (el decreto de Duhalde)», anticipó el dirigente del Movimiento de Ahorristas Bancarios Argentinos Estafados.