Nuevo procurador defendió como juez la dolarización

El gobierno, a la vez que manda hoy a París (ver nota en pág. 7) al ministro y ex procurador Horacio Rosatti a defender la pesificación de la economía argentina, designará hoy también como reemplazante de ese funcionario en la Procuración del Tesoro a uno de los jueces que defendieron la dolarización de los depósitos. Se trata del titular del juzgado 4 del fuero administrativo de la Capital Federal Osvaldo Guglielmino, que se destacó por fallos resonantes en 2001 y en 2002 que ordenaron a muchos bancos a devolver en dólares «cash» los depósitos acorralados. Aun después de la sentencia en el caso «Smith» que en febrero de 2002 declaró la inconstitucionalidad de la retención de los depósitos, Guglielmino ordenó -en reclamos hechos por ancianos o enfermos terminalesque se devolvieran los depósitos en billetes verdes y, cuando alguna entidad dijo no disponer de ellos, les ordenó ir a comprarlos en las casas de cambio al valor de mercado.

Entre los jueces, fue el prime-ro en asumir el contenido del informe del Banco Central de 2002 donde se concluyó que el sistema bancario sólo tenía fondos para devolver 25% de los depósitos. Aunque acompañó a algún oficial de Justicia a un banco a vigilar el cumplimiento de sus sentencias, no llegó a las extravagancias de un Manuel Silva Garretón, que ingresaba en las bóvedas junto con el plomero y el soplete a abrir tesoros en busca de los depósitos «acorralados».

Moderado, según quienes promovieron su designación, basó siempre sus medidas «anticorralito» y antipesificación en la situación de excepción del reclamante. A diferencia de otros jueces, no concedió amparos por «corralito» de manera masiva y, desde la óptica del gobierno, esos fallos no lo invalidan para su nuevo rol como procurador del Tesoro, en otras palabras, abogado del Estado.

Por ejemplo, en una causa planteada por un ahorrista del Banco Francés, Guglielmino falló que, más allá de que el sistema implantado -el «corralito»fuera injusto o inconstitucional, es de cumplimiento imposible que en un mismo día todos los depositantes vayan a retirar la totalidad de los depósitos. Por lo tanto, era ilusorio conceder todos los amparos reclamados sin considerar su razonabilidad. La trayectoria de Guglielmino como juez lo forzará a otras explicaciones, como por ejemplo frente a sentencias como las que firmó ordenando la devolución del recorte del 13% a jubilados y pensionados, medida que tomó en 2002; hoy, como procurador, estaría obligado a rechazar esa pretensión en resguardo de la tesorería.

• Ascenso

Ese carácter moderado ante otros magistrados de pluma más veloz a la hora de dictar amparos le valió ser incluido en una terna para asumir, en 2003, el cargo de camarista del mismo fuero administrativo, luego de rendir el examen correspondiente.

Uno de los competidores de Guglielmino, sin embargo, rechazó el dictamen del jurado del Consejo de la Magistratura, y logró amparos en primera y segunda instancia para frenar la designación de Guglielmino. El reclamo está hoy en la Corte.

Guglielmino firmó como juez también otras sentencias que fueron noticia: en 1998 frenó la orden del entonces gobierno de Carlos Menem de demo-ler el predio de la ESMA. En aquel año, un decreto había dispuesto desalojar los institutos militares construir allí un recordatorio «de la reconciliación» muy diferente del llamado Museo de la Memoria.

En 2000 firmó una sentencia por la cual ordenó a Mohamed Alí Seineldín y otros alzados carapintada en 1990 a pagar $ 430 mil a los herederos del segundo jefe del regimiento I de Palermo, el teniente coronel Hernán Pita, muerto durante ese intento de golpe militar.

En fecha más reciente, fue objeto de críticas de la Fundación Poder Ciudadano, que hizo un pedido de juicio político a Guglielmino por entender que había demorado en resolver un recurso de amparo contra el estado de sitio declarado en 2001 por Fernando de la Rúa desde el 20 de diciembre de ese año hasta el 15 de febrero de 2002. Esa ONG quizás hubiera preferido la celeridad de María Servini de Cubría en esos hechos que la llevó al exceso de detener al ex jefe de Policía Rubén Santos.

En 1995 había tomado una medida de carácter más simbólico que eficiente, pero que fue un hito en la investigación de la represión clandestina de las guerrillas en los años '70: dictó un virtual embargo sobre toda la documentación que pudiera existir en el Estado sobre desaparición de personas. No se logró que apareciera nada, pero funcionó como una orden a los funcionarios de denunciar manipulaciones eventuales de archivos.

El año siguiente dictó una orden que demoró varios meses la salida al aire de la emisora «Radio 10», concesionada al grupo Haddad en la frecuencia 710 AM que había tenido tradicionalmente la radio «Municipal», que destrabó recién en 1997 una votación de la Legislatura porteña que habilitó esa onda privatizada y mandó la radio de la comuna a la frecuencia 1100 AM.