Obvio: querellantes reclamaron decapitar a toda la Casación

Néstor Kirchner

Los querellantes en causas por violaciones a los derechos humanos que pidieron la remoción de cuatro integrantes de la Cámara de Casación Penal exigieron ayer que el presidente de ese Tribunal, Alfredo Bisordi, no permanezca «un segundo» más en su cargo. «No hay que esperar que renuncie, lo tienen que echar», reclamaron los querellantes en un inusual plenario del Consejo de la Magistratura.

El pleno fue abierto para escuchar los casos particulares de los camaristas Bisordi -actualmente en uso de licencia-, Ana María Capolupo, Gustavo Hornos y Eduardo Riggi. Sin embargo, quedó claro que la destitución de estos cuatro jueces es sólo el comienzo de una depuración total del tribunal criticado desde la tribuna pública por Néstor Kirchner.

Casi como advertencia, los querellantes recordaron a los consejeros que las causas sobre derechos humanos permanecen distribuidas en todas las salas y que la demora en tratar de esos expedientes no es un privilegio de la denominada Sala Militar.

«No denunciamos colapso de la Casación, sino una actitud obstruccionista. Fueron todos los jueces del tribunal los que cambiaron el criterio de excarcelación para beneficiar a los militares que asesinaron, torturaron y desaparecieron personas», sentenció el abogado Rodolfo Yanzón, representante legal de los 61 sobrevivientes de la ESMA y el Primer Cuerpo.

De este modo, los querellantes incluyeron en su denuncia «a todos los integrantes del tribunal» por «demorar» y «paralizar» el trámite de las causas.

La exposición de Yanzón no es casual. De doce miembros que tiene la Cámara de Casación, ocho sobrepasaron la edad de jubilarse y están en condiciones de retirarse, pero se niegan a abandonar sus butacas en este tribunal, el segundo en importancia después de la Corte Suprema de Justicia.

Quien debería estar atento a los intentos de descabezamiento es el ex presidente de la Casación Juan Carlos Rodríguez Basabilvaso. Su nombre fue lanzado en la mesa como uno de los responsables de demorar los juicios contra los militares acusados de crímenes de lesa humanidad.

Ayer, en la cabecera de la «gran mesa» de los consejeros -un coqueto y enorme mueble de roble armado por la casa English Style que entonces costó entre 40 mil y 60 mil pesos/dólares- fue prolijamente dispuesto para las representantes de las Abuelas de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas y Mabel 'Tati' Almeyda de Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora. Estaban flanqueadas por Rodolfo Yanzón, Graciela Daleo (la misma a la que Bisordi llamó delincuente terrorista) y Marcelo Conti, hijo del escritor Haroldo Conti.

La primera en exponer fue Daleo, quien se presentó como una sobreviviente de la Escuela de Mecánica de la Armada. Dijo que la Casación «sigue trabajando por la impunidad» de los ex jefes militares y no dudó en asegurar que «el Poder Judicial fue cómplice del modelo de impunidad y de aquellos que delinquen desde el Estado al judicializar la teoría de los dos demonios».

Exclusión

La dirigente reclamó a los consejeros «medidas» para que los miembros que se hagan cargos de los expedientes contra militares «sean distintos de éstos».

«Treinta años sin Justicia producen desazón», expresó el hijo de Conti ante el presidente del Consejo, Pablo Mosca, y los vocales Luis Cabral, Miguel Gálvez, Marcela Losardo, Carlos Kunkel, Diana Conti, Nicolás Fernández, Mariano Candiotti, Santiago Montaña, Ernesto Sanz, Federico Storani y María Laura Leguizamón.

Yanzón, el último en exponer, opinó que la Cámara de Casación tiene una «actitud obstruccionista» en relación con las causas que implican a ex oficiales de la Marina y el Ejército, y precisó que en el tribunal «hay más de 200 planteos sin resolver».

Además desconfió de la imparcialidad de los camaristas: «De qué imparcialidad me hablan si van a misa con (Antonio) Baseotto. No nos oponemos a la misa, pero hacerlo con Baseotto es censurable».

Al término de la presentación, los querellantes se sumaron a manifestantes que esperaban en la vereda y se camuflaron dentro de dos grandes embudos simbolizando la actuación de los jueces frente a las causas por violaciones a los derechos humanos.

La agrupación anunció un escrache frente al domicilio del camarista Alfredo Bisordi el próximo 28, donde llegarán desde la estación Villa Pueyrredón de esta Capital para concentrarse media hora antes.

En tanto, el próximo paso del Consejo es la declaración de «admisibilidad» de la denuncia, pero Diana Conti, presidenta de la Comisión de Acusación y Disciplina, consideró que el mismo ya se había dado por cumplido «porque sino -reflexionó- los pedidos de remoción se hubieran rechazado 'in límine'» (sin sustanciación)».