Pidieron apurar el juicio oral a Héctor R. García

Judiciales

Los defensores del empresario periodístico Héctor Ricardo García le pidieron ayer a la Sala B en lo Penal Económico que eleve sin más trámite a juicio oral y público la causa por la cual está detenido domiciliariamente el dueño del diario «Crónica» y Crónica TV por presunta evasión a la ley penal tributaria. Los abogados sostuvieron en un escrito de tres carillas que se trata de «un hecho gravísimo» (la demora del juicio) porque no se puede perpetuar «sine die» la detención del periodista mediante arbitrios que terminan convirtiéndose en una «ignominiosa persecución judicial».

Los abogados Gonzalo Aramburu y Carlos Froment vuelven a apuntar contra el criticado camarista de ese fuero, Marcos Grabivker, quien no tuvo pudor en reconocer ser columnista del monopolio «Clarín». El hecho no adquiriría tamaña gravedad si no fuera porque «Crónica» se encuentra en concurso preventivo y García trata de negociar su venta para poder sortear la difícil situación económica que asfixia a ese medio periodístico. Su caso fue denunciado ante la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) como una «grave lesión a la libertad de prensa, producto de un acoso judicial sin precedentes».

Los abogados le reprochan a Grabivker haber fallado el pasado 17 de diciembre con que la causa debía «ser remitida de manera urgente a juicio oral y público, sin más trámite». Por ello llama la atención que, ahora, bajo el pretexto de resolver la situación procesal de un prófugo -Horacio Tosco, ex gerente financiero- se haya paralizado la instrucción del caso.

Aramburu y Froment
sostienen que «el artículo 290 del Código Penal dispone que los planteos de imputados prófugos, o que no están a Derecho, o en rebeldía, no puede suspender el proceso».

«Un mínimo de sentido común indica que no se puede privilegiar o permitir que la actividad procesal de un prófugo prevalezca sobre la condición procesal de quien está detenido, sometido a los jueces y a la ley, esperando una rápida justicia»,
sostienen los defensores, quienes hicieron reserva del caso federal para ir a la Corte Suprema de Justicia y llevar el caso a la más alta instancia tribunalicia.

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