Presionan ahora por anular los indultos

El gobierno festejó el fallo de la Corte que anuló las leyes de punto final, algo inoportuno, porque admite que promueve un quiebre de la separación de los poderes y que la independencia judicial es un cuento. Pero, además, inició las presiones para que el tribunal también anule los indultos dictados a civiles y a ex militares por la comisión de delitos considerados aberrantes en la lucha contra el terrorismo. La Corte tiene un expediente a consideración con Guillermo Suárez Mason como procesado, en el cual la Justicia de instancias inferiores ya anuló el indulto dictado por Carlos Menem. Se suman varios proyectos de ley en el mismo sentido y la palabra olvidadiza de Raúl Alfonsín, que ayer se escandalizaba de esos perdones dictados por Menem. ¿Olvidó que él mismo le propuso a su sucesor, cuando salía apresurado de Casa de Gobierno en 1989, firmarlos juntos y aliviar el costo político que creyó que pagaría quien los dictase? Es cierto que los indultos frenan la reapertura de muchas causas, pero si se anulasen, quedarían de nuevo expuestos a juicio muchos terroristas que se beneficiaron con esa medida; incluso se dice que la negociaron con el gobierno Menem a cambio de apoyos de todo tipo. Esos crímenes terroristas serían de nuevo tratados en la Justicia para decidir si serán considerados «de lesa humanidad», como ocurre hoy con los atentados a la AMIA -lo reclama el propio gobierno al Congreso para que no prescriban las responsabilidades-. En ese caso, el gobierno ya tendría el abanico de los conflictos extendido no sólo a ex militares, sino también a ex terroristas sobre cuya conducta hasta el día de hoy el Presidente no ha opinado en público. Es cierto que sobre los primeros se tomó tiempo, décadas, para hacerlo -se supo qué pensaba cuando asumió la presidencia-. Inquietante el enigma de qué dirá de los terroristas.

Carlos Menem

Desde abril pasado, la Corte Suprema de Justicia tiene un expediente que considera inconstitucional los indultos por delitos de lesa humanidad. El gobierno apuesta ahora que el Tribunal decida declarar ilegal esa atribución presidencial que permitió la excarcelación de los máximos jefes militares y dirigentes de las organizaciones guerrilleras durante el gobierno de Carlos Menem.

La administración Kirchner ha manejado con cautela la discusión, pero no puede ocultar su entusiasmo por lograr un fallo en ese sentido. Sin leyes de Obediencia Debida, Punto

Final e indulto, el ciclo estaría cerrado. Esa idea ya la motorizó ayer Raúl Alfonsín, quien consideró en una nota periodística que por los indultos no se puede perseguir penalmente a quienes, juzgados y condenados, fueron beneficiados por esa norma. El veterano dirigente radical pareció olvidar que cuando salía del gobierno en 1999 le ofreció a Menem firmar juntos los indultos. El peronista le dijo que no, pero lo terminó haciendo un año más tarde. Ayer el riojano consideró que en aquel entonces con esa medida buscó y consiguió la «pacificación» del país.

El plan para acabar con los indultos también lo esbozó el jefe del Ejército, Roberto Bendini, y Martín Balza, quienes se pronunciaron en favor de su derogación. En el Congreso hay varios proyectos -impulsados en su mayoría por la izquierda- para derogarlos.

• Procesados

La causa que está en la Corte tiene como procesados con prisión preventiva a los generales Carlos Suárez Mason, Juan Bautista Sasiaiñ, y Jorge Olivera Rovere. Todos beneficiados por el indulto que fue declarado inconstitucional en primera instancia por el juez Rodolfo Canicoba Corral y ratificado luego por la Sala I de la Cámara Federal.

En verdad, hay tres fallos de estas características en el país. El tema es si la Corte se animará a declarar inconstitucional o ilegal una atribución presidencial contemplada en el artículo 99 de la Constitución.

El indulto supone la anulación del cumplimiento de la condena, pero no implica ni la inocencia ni la nulidad del juicio en el que ha sido condenado el beneficiario. Esto significa que la facultad del Presidente es de otorgar un perdón.

Lo que cuestionan algunos jueces es que esa facultad no debe alcanzar a quienes cometieron delitos de lesa humanidad, como las violaciones de derechos humanos durante el Proceso militar.

Si se toma como antecedente el fallo de la Corte del martes, es muy probable que el máximo tribunal siga el mismo criterio con el que sustentó la nulidad de las leyes del perdón. Así como la Corte desconoció el valor de la «cosa juzgada» y el principio de irretroactividad de las leyes, poniendo por encima de las Constitución los pactos internacionales, bien ahora puede desconocer la legalidad del perdón presidencial, amparándose en que se trata de crímenes de lesa humanidad. La cuestión por definir será si un fallo de esta naturaleza tendrá alcance sólo para los militares o si será extensivo para las organizaciones terroristas.

Cabe señalar que la Corte Suprema hace unos meses consideró que los actos de terrorismo no eran delitos de lesa humanidad cuando falló a favor de un dirigente de la ETA.

Quizá sea ésa la razón por la cual el ministro del Interior, Aníbal Fernández, se mostró cauteloso ante la eventualidad de la anulación de los indultos.

«Hay que analizarlo a la luz de los que conocen a fondo el derecho y que lo estudien con el cuidado y seriedad como lo hizo la Corte Suprema con las leyes de Obediencia Debida y Punto Final», dijo Fernández.

Más aguerrida fue la fiscal federal de Córdoba Graciela López de Filoñuk, quien reclamó la inconstitucionalidad del indulto. La fiscal lleva la causa del Tercer Cuerpo de Ejército donde está involucrado el ex general Mario Benjamín Menéndez.

«Nunca estuvo bajo el paraguas de las leyes del perdón. Menéndez quedó afuera cuando el ex presidente Menem dictó los indultos en 1989», destacó la fiscal. Y recordó que, cuando en 2001 pidió la inconstitucionalidad de las leyes del perdón y de los indultos, fue rechazado por la jueza federal Cristina Garzón de Lascano y nunca tuvo respuesta a la apelación.

En octubre de 1989, Menem dispuso el indulto de 277 civiles y militares, lo que favoreció a jefes militares detenidos por la represión durante la dictadura, a los sublevados en los levantamientos «carapintadas» y, además, a los líderes del grupo Montoneros.

Posteriormente, en diciembre de 1990, se produjo una nueva tanda de indultos que en ese momento benefició a Guillermo Suárez Mason, a los ex comandantes Jorge Rafael Videla, Roberto Viola y Eduardo Massera, además de otros jefes militares y al ex líder de Montoneros Mario Firmenich.