Resiste la Corte presión contra Solá

La crisis carcelaria se instaló en la Corte Suprema. En la cocina del alto tribunal se está examinando si los jueces supremos tienen competencia para ordenar al gobierno de Felipe Solá una batería de medidas que ponga fin al hacinamiento de presos en las comisarías.

La Corte se ha metido en un atolladero por responder a un planteo que Horacio Verbitsky motorizó desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). Los jueces se sienten incómodos porque deben pronunciarse sobre una cuestión que los saca de su función de contralor constitucional. Verbitsky logró colar el tema después de dos frustrados intentos por obligar al Poder Judicial bonaerense a una definición. Primero, la Cámara de Casación y luego la Suprema Corte de ese distrito rechazaron un hábeas corpus colectivo porque, razonablemente, interpretaron que cada caso debía presentarse individualmente. Para torcer esta decisión, el CELS echó mano al garantismo cortesano e hizo uso de un novedoso procedimiento de audiencia pública. Ahora le reclama al máximo tribunal de justicia que establezca cuáles son las condiciones mínimas impuestas por la ley al Estado provincial en materia de alojamiento de personas detenidas. Que declare que la omisión estatal de adecuar su política penitenciaria a estándares internacionales constituye una violación de los derechos humanos. Y que emplace al Estado provincial a «realizar la conducta debida», en plazos precisos y con control federal de su cumplimiento. De ese modo -sostiene- la Corte haría cesar «graves violaciones a los derechos humanos, cuya reparación no admite demora». Para salir del brete, al menos ocho jueces resolverán (posiblemente mañana) admitir el planteo del CELS, aunque será en calidad de recurso de amparo y no de hábeas corpus. De todas formas, evitarían un pronunciamiento que resulte una intimación a Solá. Es decir, no le pondrían plazos, ni le dirían lo que hacer. El criterio de los jueces tiene lógica. La Corte no puede involucrarse en otro poder de Estado.

Es conocida la posición de CELS contra Felipe Solá porque el gobernador ha respaldado -contra Verbitsky- a la dirigente Estela de Carlotto en la llamada Comisión de la Memoria. En este ente Carlotto ha pedido se investigue el uso de fondos públicos,lo cual ha hecho despertarla inquina de este asesor y periodista. Haber aceptado la queja del CELS ya la dejó en una posición bastante complicada. Su intervención le dio una amplitud de competencia no deseada.

Un juez -pidió reserva de identidad porque debe fallar- expresó su inquietud a este diario porque el mecanismo de audiencia pública desvirtúa el rol de la Corte.

«De manera que ahora una asociación de inquilinos podría acudir al tribunal para reclamar por el elevado costo de los alquileres o las organizaciones de consumidores podrían quejarse porque consideran que sus derechos fueron vulnerados y así reclamar una audiencia pública presentando un hábeas corpus colectivo», sentenció. Hay otra cuestión, si se quiere, de fondo. Para tomar una resolución que «discipline» al gobierno bonaerense, los jueces supremos deberían tener una radiografía de cada uno de los 5 mil presos que hoy pueblan las comisarías de la provincia. Y por lo que se sabe, esos documentos no han llegado a manos de los cortesanos. Además, sería una irresponsabilidad ordenar una medida que obligue a Solá a desplazar una población de detenidos sin que existan lugares creados para su contención. ¿Adónde se los enviará? ¿A las cárceles, también colapsadas y en peores condiciones de hacinamiento? No parece coherente.

• Fondos

Una medida de este tipo necesita del desembolso de fondos, que aquí son siempre millonarios y por más que existan plazos estipulados, éstos siempre se extienden. Muchas veces más de la cuenta. Se trata, entonces, de una cuestión compleja, porque a los presos en comisarías hay que sumarles los 25 mil reclusos distribuidos en 39 cárceles de la provincia que padecen la misma miseria.

El ministro de Justicia bonaerense, Eduardo Di Rocco, les mostró a los jueces supremos un plan de obras que contempla la construcción de 15 nuevas unidades, con un total de 5.644 plazas y una inversión de 245 millones de pesos. Poco menos de la mitad de esos institutos son alcaidías, lo cual significa un importante éxodo de presos desde las comisarías. Estarán terminadas antes de fin de año. Para junio, el gobierno piensa recuperar 918 plazas a través de un plan de mejoramiento de celdas con un costo de 3 millones.