Adolfo Rodríguez Saá responsabilizó ante la Justicia a un grupo de empresarios de haberlo presionado para que devaluara y pesificara la economía, actos a los que dijo haberse resistido. Durante su breve presidencia, el sanluiseño sólo anunció el default e informó que imprimió $ 15.000 millones en bonos argentinos. Las afirmaciones del ex presidente están contenidas en el expediente judicial al que este diario tuvo acceso y en el que el juez federal Norberto Oyarbide investiga la posibilidad de haberse concretado un complot -el fiscal Carlos Stornelli quiere calificar de sedición-
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De las declaraciones de Rodríguez Saá también se desprende que la presunta conspiración se programa en dos etapas porque sus acusaciones -en tono elíptico- apuntan a las horas previas que se vivieron antes del fallido encuentro de gobernadores en Chapadmalal. Lo que Rodríguez Saá le dijo a Oyarbide también fue repetido en su «raid» televisivo por programas porteños.
Sorprendió el ex presidente con los nombres y apellidos que dejó sentado en la copia taquigráfica ante el interrogatorio al que lo sometieron Oyarbide y Stornelli. Acusó de que lo habían «presionado para que devaluara y pesificara» a -entre otros- José Ignacio de Mendiguren (ex ministro de Eduardo Duhalde y actual presidente de la UIA), Gregorio Chodos, Javier Tizado, del grupo Techint, Osvaldo Cornide, Benito Roggio y Jorge Rendo (monopolio «Clarín»). Sobre este último, dijo que le había pedido una reunión reservada y, concretamente, le había dicho que «su diario estaba endeudado en u$s 3.000 millones y lo que debería hacerse es pesificar y devaluar». Obviamente, en ese punto, Rodríguez Saá sostuvo que rechazó la presión y se mantuvo en la no devaluación y mantenimiento de la convertibilidad, haciendo luego un panegírico de su plan económico si continuaba en el ejercicio del gobierno.
A una pregunta específica de Oyarbide, reconoció que la madrugada previa a la reunión de gobernadores en Chapadmalal, a la 1.30 del 29 de diciembre, dejó de recibir los partes de la Policía Federal que debía custodiarlo. Esa fuerza dependía -y depende- de Juan José Alvarez, su ex secretario de Seguridad, a quien le arrojó un balde de dudas su lealtad. Rodríguez Saá dijo que el nombramiento de Alvarez fue una imposición de Carlos Ruckauf como condición para apoyarlo en la presidencia. También criticó el comportamiento del diputado (Jorge) Acevedo, quien en todo momento se mantuvo en comunicación con el gobernador de Santa Cruz, Néstor Kirchner, quien se pronunció -junto con José Manuel de la Sota de Córdoba- por una rápida salida electoral.
Calificó el comportamiento político del actual canciller, en esas horas previas a su caída, como de una forma dubitativa que pasó de un apoyo total cuando asumió a un tratamiento hostil en la crucial reunión de la costa atlántica. Rodríguez Saá contó que Ruckauf -durante una reunión de gobernadores previa a su asunción- lo esperó en un pasillo antes de llegar a un baño en las oficinas de Gildo Insfrán (Formosa) en la calle Leandro N. Alem, de la Capital Federal, para inquirirle si realmente iba a asumir por 60 días, ya que quería ser presidente. «Yo le dije que soy un hombre de palabra, y entonces me respondió: 'Contá con mi apoyo', y me dio la mano». También señaló que en Chapadmalal el entonces gobernador de Buenos Aires había cambiado totalmente su posición de apoyo y que tuvo una actitud de enfrentamiento, yéndose antes de la reunión sin despedirse. «Como el único helicóptero que había era el de él, tuve que salir en auto por una puerta lateral porque estaba copada por manifestantes la entrada principal del complejo turístico.»
• Temor
Rodríguez Saá negó que haya recibido amenazas, pero aceptó que «temió por la seguridad de su familia que había quedado en Olivos (residencia presidencial)» y que decidió irse a San Luis para presentar su renuncia por esas mismas razones de seguridad. Insistió con algunas anomalías por parte de la custodia de la Policía Federal -habló de pequeños incidentes y reveló que le llegó a su conocimiento que en la provincia de Buenos Aires hubo «zonas liberadas» sin que actuara la Policía Bonaerense frente a los manifestantes-.
En ese punto, se sabe que Oyarbide -pese a su anterior cuestionamiento en el Senado, está considerado en Tribunales como un juez muy riguroso para la instrucción- recibió el testimonio de comerciantes del conurbano que confirmaron esta «desidia» policial y que «existieron vehículos particulares, cuyos ocupantes se comunicaban entre sí, que guiaron a los grupos que luego manifestaron violentamente en la Plaza de Mayo antes de la caída de Fernando de la Rúa».
Por último, criticó a Duhalde y a Raúl Alfonsín (insiste en el escrito judicial con su teoría de otro pacto de Olivos), aunque no los responsabilizó directamente por su caída, sino que dejó muchos espacios para la interpretación del juez y los lectores del expediente. En ese contexto de sugerencias y siempre con Ruckauf como objetivo de sus imputaciones, sostuvo que «le llamó la atención que Crónica TV estuviera permanentemente mostrando movilizaciones en su contra, incluso «inflando» (aumentando) muchas de ellas, hasta su renuncia. Luego, como si nada pasara en el país, se dedicó a emitir misceláneas y, de tanto en tanto, alguna imagen de las manifestaciones callejeras».
También dijo que (Chrystian) Colombo -ex jefe de Gabinete de De la Rúa- le contó que «(Diego) Guelar -por gestión de (Enrique) Nosiglia- había ido a verlo para posicionarlo a Ruckauf como jefe de Gabinete». Sin embargo, el embajador en los Estados Unidos negó esta aseveración en una declaración espontánea que presentó ante el juez, quien no lo había citado como testigo, como indicaron fuentes del gobierno.
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