Skanska alcanza a Alberto F.: Cámara pide lo investiguen

Judiciales

Las derivaciones del caso Skanska pueden traerle problemas al jefe de Gabinete, Alberto Fernández, que de denunciador pasó a convertirse en denunciado o, al menos, sospechado.

El fiscal de Investigaciones Administrativas Manuel Garrido deberá investigar si Fernández incurrió en un delito al ventilar en el Congreso, y no en la Justicia, supuestas irregularidades en la contratación de publicidad del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En la casa de las leyes, el jefe de Gabinete deslizó que el Gobierno porteño usó facturas truchas supuestamente para justificar salida de dinero de manera ilícita.

Con las firmas de los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun, la Sala II de la Cámara Federal revocó un fallo de primera instancia que declaró la «inexistencia de delito».

El juez federal Julián Ercolini -basado en un dictamen del fiscal Oscar Amirante- había desestimado una denuncia presentada por Ricardo Monner Sans. El mediático abogado recurrió a la Cámara alegando presunta « privación de justicia», argumentando que nunca fue llamado a ratificar su acusación.

  • Obligación

    Monner Sans planteó que Fernández en su condición de funcionario público estaba obligado hacer la denuncia en la Justicia por las presuntas irregularidades.

    El jefe de Gabinete vinculó al gobierno porteño con las facturas truchas de la empresa Infiniti en la causa Skanska. Infiniti era la empresafantasma que vendió facturación apócrifa a la multinacional sueca, que la habría utilizado para simular el supuesto pago de coimas en la construcción de los gasoductos Norte y Sur.

    En rigor, ya existía una investigación abierta sobre las contrataciones de publicidad del Gobierno de la Ciudad. Sucede que la pesquisa era sobre Sol Group, una empresa que actuaba de intermediaria entre la productora Ideas del Sur y la alcaldía porteña.

    Las sospechas se acrecentaron porque algunos de los acusados de asociación ilícita en la causa Infiniti operaban en la sede de Sol Group. Además, uno de los apoderados procesados, Adrián López, había sido compañero del liceo militar de Sergio Mastropietro, responsable de Sol Group. Biscayart intenta establecer si las operaciones entre esta firma y el Ejecutivo porteño fueron reales o también simuladas.

    Al revisar el fallo de Ercolini -que prácticamente cerraba la causa sobre Fernández-, la Cámara Federal entendió que «existe formal imputación contra un funcionario público por hechos cometidos durante el ejercicio de su función». Por lo tanto, interpretó que correspondía «dar la intervención a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas». La Cámara invocó la Ley 24.946, del Ministerio Público, que en su artículo 45 determina que «la Fiscalía de Investigaciones Administrativas podrá asumir, en cualquier estado de la causa, el ejercicio directo de la acción pública cuando los fiscales competentes antes mencionados tuvieran un criterio contrario a la prosecución de la acción».
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