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Skanska alcanza a Alberto F.: Cámara pide lo investiguen

Alberto Fernández
Monner Sans planteó que Fernández en su condición de funcionario público estaba obligado hacer la denuncia en la Justicia por las presuntas irregularidades.
El jefe de Gabinete vinculó al gobierno porteño con las facturas truchas de la empresa Infiniti en la causa Skanska. Infiniti era la empresafantasma que vendió facturación apócrifa a la multinacional sueca, que la habría utilizado para simular el supuesto pago de coimas en la construcción de los gasoductos Norte y Sur.
En rigor, ya existía una investigación abierta sobre las contrataciones de publicidad del Gobierno de la Ciudad. Sucede que la pesquisa era sobre Sol Group, una empresa que actuaba de intermediaria entre la productora Ideas del Sur y la alcaldía porteña.
Las sospechas se acrecentaron porque algunos de los acusados de asociación ilícita en la causa Infiniti operaban en la sede de Sol Group. Además, uno de los apoderados procesados, Adrián López, había sido compañero del liceo militar de Sergio Mastropietro, responsable de Sol Group. Biscayart intenta establecer si las operaciones entre esta firma y el Ejecutivo porteño fueron reales o también simuladas.
Al revisar el fallo de Ercolini -que prácticamente cerraba la causa sobre Fernández-, la Cámara Federal entendió que «existe formal imputación contra un funcionario público por hechos cometidos durante el ejercicio de su función». Por lo tanto, interpretó que correspondía «dar la intervención a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas». La Cámara invocó la Ley 24.946, del Ministerio Público, que en su artículo 45 determina que «la Fiscalía de Investigaciones Administrativas podrá asumir, en cualquier estado de la causa, el ejercicio directo de la acción pública cuando los fiscales competentes antes mencionados tuvieran un criterio contrario a la prosecución de la acción».
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