Skanska: se intenta ahora que surja un "arrepentido"

Javier López Biscayart

De a poco comienza a instalarse en la causa Skanska la teoría de los «gerentes infieles» como responsables de las coimas en la ampliación de los gasoductos del Norte y del Sur. La hipótesis le conviene al gobierno: desvincula de posibles actos de corrupción a funcionarios kirchneristas y ciñe la pesquisa judicial a un «negocio» entre grupos de empresas privadas que participaron de la licitación.

Ante la posibilidad del fracaso de la tesis de los gerentes desleales existe, por supuesto, la chance de poner en marcha otra: la aparición de un « arrepentido», quien vendría a contar cómo se gestó la coima en Skanska. Inclusive se menciona que algunos de los directivos despedidos habrían sido tentados para asumir ese rol.

Conveniencia

El advenimiento de un « arrepentido» es algo que también le conviene a los jueces Javier López Biscayart y Guillermo Montenegro. Si algunos de los ex gerentes hablan y cuentan hacia dónde o hacía quién fueron desviados los 13,4 millones de pesos (disimulado en facturas truchas compradas a 23 empresas) el caso habrá terminado rápidamente y no tendrán que sumergirse en un misterio con impredecible final.

Ambos magistrados intervienen en el caso Skanska pero lo hacen desde vertientes distintas. El juez en lo Penal Tributario, López Biscayart investiga si la empresa evadió impuestos y Montenegro es el juez federal encargado de determinar si hubo pago de sobornos a funcionarios del Ministerio de Planificación.

López Biscayart prepara dos declaraciones testimoniales y un careo entre el ex gerente de Skanska, Héctor Obregón y uno de Techint, Alejandro Gerlero, para intentar develar si existió evasión fiscal millonaria a través de facturación apócrifa durante la participación de la firma sueca en las obras públicas. Obregón habría sido grabado junto al ex gerente comercial Javier Azcarate durante el sumario interno que realizó la empresa a cargo del síndico Claudio Corizzo.

Hoy declarará Gustavo Vago, ex CEO de la filial de Skanska y quien habría sido comprometido por sus antiguos compañeros de trabajo. Según se afirma, el ex gerente habría desoído las supuestas denuncias de pago de « comisiones indebidas» que realizó el ex director financiero para Latinoamérica, José Alonso.

Después de Vago hará lo propio Mario Piantoni, el otro de los ex directivos sobre los cuales fue lanzada la orden de captura la semana pasada. La pregunta de López Biscayart no es demasiado complicada. Busca saber a quién o a quiénes se les pagó esas comisiones indebidas. Los ex gerentes dicen que todo es un invento de la constructora Skanska y se permiten dudar de la auditoría interna que realizó Corizzo. Notable, porque esa investigación y la confesión de Skanska de que evadió 13 millones pesos son los dos elementos que les permiten a los jueces López Biscayart y Montenegro, sostener la sospecha de pagos de sobornos.

Explicación

Corizzo dijo desconocer a quiénes se habrían pagado esas comisiones indebidas. Pero explicó la forma en que desarrolló la investigación que le encomendó Skanska, en el transcurso de la cual determinó que, entre julio y octubre de 2005, esa constructora abonó 13.400.000 pesos por contrataciones, pagos a proveedores y subcontratistas. En esa fecha se construyeron los gasoductos del Norte y del Sur cuyas licenciatarias eran Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS).

El síndico también reveló que dentro de la firma hubo una ingeniería documental previa para luego justificar esos pagos.

Dos de las facturas falsas por más de un millón de pesos pertenecían a la firma Infiniti. Un dato interesante se recogió en el juzgado de Montenegro este fin de semana: Carlos Mundín, uno de los tres dueños de BTU, otra empresa investigada, reveló que TGN no fijó el precio testigo de la compresora de Deán Funes antes del llamado a compulsa sino después de la presentación de las ofertas.

Hasta la declaración de Mundín siempre se había dicho que TGN realizó un presupuesto previo de 11,7 millones para esa planta y que tomó como referencia un presupuesto histórico de una obra similar realizada en el período 1999-2000 antes de la crisis económica.

La semana pasada, Montenegro ordenó el allanamiento de cinco empresas que participaron de la licitación de los dos gasoductos para establecer cómo se fijó el precio testigo y cómo se llegó al precio de la ejecución. Sospecha que en ese proceso pudo haber coimas o cartelización.