Crucial semana para el gobierno y su plan para avanzar sobre el terreno de la Justicia. Hoy comenzará a definir el ingreso de la camarista Highton de Nolasco en la Corte Suprema (ver nota aparte) y se apresta para cerrar el batallado capítulo que tiene como principal protagonista al destituido ministro de la Corte Eduardo Moliné O'Connor.
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Nueve conjueces se reunirán mañana y en un fallo -que se prenuncia divido- votarán por convalidar o no la destitución del ex vicepresidente del tribunal supremo. Los pronósticos vaticinan que Moliné perdería su silla, aunque siempre puede haber sorpresas.
El cierre de la novela Moliné es algo que preocupa al gobierno, que en este mes quiere tener definidas la designación de Esteban Righi como procurador general de la Nación en reemplazo de Nicolás Becerra y la de Carmen Argibay como reemplazante del fallecido juez supremo Guillermo López.
Aunque no lo admita, el gobierno no considera un mero trámite el tema Moliné. Teme quedar atrapado en un papelón internacional si con el respaldo del Senado nombra a Highton de Nolasco y, por el contrario, los conjueces terminan por darle la razón al juez supremo y consideran que su destitución fue irregular. La imagen en el exterior quedaría más deteriorada.
Además, en un hipotético caso, Moliné O'Connor podría iniciar un millonario juicio contra el Estado si éste ignora una resolución de conjueces que ordena reponerlo en su cargo.
• Respaldo
Por lo pronto, el gobierno ya recibió el respaldo del procurador sustituto Luis González Warcalde que se pronunció en contra del planteo de Moliné y habría reunido -al menos- la voluntad de cinco conjueces para apoyar este dictamen.
La definición sobre Moliné le permitiría conformar una Corte a su medida. Una tarea que le demandó un año, cuando a poco de asumir el propio Néstor Kirchner emprendió la batalla para destituir a Julio Nazareno y a Moliné O'Connor e incorporar al máximo tribunal al polémico penalista Eugenio Zaffaroni. El único que resiste -hasta ahora- los embates oficiales es el juez Adolfo Vázquez, cuyo juicio político no está resuelto.
Después de la Corte, vendrá el turno del Consejo de la Magistratura. El gobierno le ha puesto el ojo a este cuerpo de poder. Ahora, quiere reducir su número y establecer un mecanismo de funcionamiento que está fuera y muy lejos de la independencia con que fue pensado.
Con una Corte afín en el control de constitucionalidad, un Consejo de la Magistratura que responda a sus criterios de selecciones y de funcionalidad de la Justicia, y con un fuero federal licuado, el gobierno habrá logrado, en un año de gestión, la monopolización del Poder Judicial.
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