Una jueza declaró inconstitucional el freno a los amparos

Ayer, 24 horas después de que fuera sancionado, una jueza declaró inconstitucional el decreto con que el gobierno busca una salida al grave problema del "goteo" financiero. Liliana Heiland anuló parcialmente la medida en el punto en que se autorizaba al Banco Central a pagar los amparos bajo el régimen de excepción -mayores de 75 años y problemas de salud-y luego descontarlo de las cuentas corrientes de los bancos. Pero la medida no conformó a los jueces en lo Contencioso Administrativo Federal y tampoco a los grandes bancos. A la jueza Liliana Heiland le preocupó que el Central terminara pagando con fondos propios deudas de bancos insolventes y debiera emitir moneda. Pero el gobierno centra sus esperanzas en un fallo de la Corte Suprema que termine definitivamente con esta amenaza al sistema financiero.

En menos de 24 horas el gobierno de Eduardo Duhalde volvió a sufrir un serio revés en la Justicia, que amenaza con anular su nuevo decreto de necesidad y urgencia sacado de apuro, por la presencia de los expertos del Fondo Monetario Internacional, pero que no soluciona el goteo provocado por los recursos de amparo.

Ayer, la jueza Liliana Heiland dio el primer paso al declarar inconstitucional el artículo 3º del decreto 1316/02 que obligaba al Banco Central a devolver en 5 días el dinero reclamado por personas mayores de 75 años o afectadas por una enfermedad. Hoy, lo hará público su par Emilia García -anoche apuraba los últimos trazos-invalidando toda la norma administrativa que elaboró el secretario de Legal y Técnica del Ministerio de Economía Eduardo Pérez, duramente criticada por los abogados de los ahorristas, de los bancos y -en privado-por los propios jueces. El planteo fue formulado, también ayer, por el Ombudsman Eduardo Mondino y cubre a todos los ahorristas.

•Críticas

Heiland atacó la potestad de disponer del dinero de los bancos asentado en la cuenta corriente del Central para pagarle a los ahorristas amparados por la Justicia. Esta disposición fue criticada por los bancos porque les quitaba capacidad de negociación frente al reclamante como explicó este diario ayer.

Claro que en la cercanías de la jueza no se explica que el objeto de su decisión haya sido defender a las entidades financieras sino impedir que los fondos del Estado vayan a salvar entidades por la vía de redescuentos que después el Banco Central no podrá recuperar por esa misma situación de insolvencia. Esta comparación es el espejo del reclamo de los bancos grandes, generalmente entidades extranjeras, que se quejaron de que el Central les fuera a «manejar la chequera», pagando a su cuenta y orden los amparos judiciales cuando sus gerentes pueden negociar directamente el retiro de los fondos con los ahorristas.

Si bien en un primer momento los jueces en lo Contencioso Administrativo Federal -fuero que entiende sobre el «corralito»- habían decidido esperar los 5 días que marca el decreto para después decidir sobre su inconstitucionalidad; información obtenida en el corazón mismo de la autoridad monetaria los hizo avanzar sobre el decreto de Duhalde-Roberto Lavagna: si el Central debía afrontar el pago de los amparos de los bancos en quiebra se corría el riesgo de tener que emitir, porque esos redescuentos no iban a ser devueltos, acelerando la liquidación de entidades con problemas, públicamente conocidas. De todos modos, los jueces defienden que sólo 30 por ciento de los depósitos que se fueron de los bancos corresponde a amparos judiciales; el resto -para ellos-se fugó por los circuitos financieros del sistema o extraños a él como el descuento de cheques por parte de grandes empresas: «de u$s 15.000 millones que salieron de los bancos, sólo u$s 4.500 millones correspondieron por obra de los jueces», explican en esas instancias. Tampoco el decreto garantizará que no continúe esa sangría financiera que no pudo parar la ley «antigoteo» pese a tener mayor jerarquía jurídica que este decreto de necesidad y urgencia. Los jueces de primera instancia al mismo tiempo que lo fueron declarando inconstitucional, otorgaron el recurso de amparo a 50 por ciento con lo que el banco deudor estaba obligado a pagar. Lo grave para los bancos -su estrategia judicial es muy criticada en Tribunales-y para el gobierno, fue que la cámara del fuero fue confirmando todos y cada uno de esos fallos favorables a los ahorristas. Para colmo, pese a la primavera y a las negociaciones encubiertas entre algunos máximos jueces y selectos operadores oficiales -»la cuestión de la Corte la manejo yo», según se le atribuye al propio Duhalde-no existen seguridades de que la Corte pueda rever toda esta jurisprudencia que trata de defender a rajatabla al artículo 17 de la Constitución que garantiza el derecho a la Propiedad. Lo máximo será ir aguantando el planteo de inconstitucionalidad por los 6 meses que reclama Duhalde pero sin definir la cuestión de fondo. Anoche esta disconformidad se notaba hasta en un juez que, a principios de este mes, votó favorablemente al «corralito» al impedir que el gobierno de San Luis sancionara a los bancos dentro de su territorio que no devolvieran los depósitos retenidos. Para terminar una jornada negativa en la Justicia, el Presidente comenzó a padecer las denuncias en el fuero federal por su condición de funcionario: el fiscal Pablo Lanusse -el mismo que denunció a la mafia del Oro-pidió que se lo investigue por «abuso de autoridad agravado» al juez federal Claudio Bonadío.