Vuelven citaciones a militares por la represión clandestina

Varios jueces federales de todo el país están prontos a reabrir causas que complican a militares por hechos cometidos durante la represión antisubversiva y que fueron amnistiados por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Esa legislación se sancionó durante el gobierno radical de Raúl Alfonsín para frenar la ola de juicios y el descontento creciente en las Fuerzas Armadas, que se materializó con las sublevaciones de Aldo Rico en Semana Santa de 1987 y Monte Caseros, unos meses después. Ahora, esas leyes, al ser declaradas inconstitucionales por la Sala II de la Cámara Federal Penal porteña, habilitaron la reanudación de los procesos, que complican a altos jefes del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, hasta que el máximo tribunal adopte una decisión definitiva: en ese marco el más notorio es el que involucra al actual jefe de la fuerza terrestre, general Ricardo Brinzoni. Después que Gabriel Cavallo -recientemente ascendido a camarista federal- abrió el grifo con su fallo de inconstitucionalidad de esas leyes para procesar a los ex represores Juan Antonio del Cerro, alias «Colores», y Héctor Simón, alias «el Turco Julián». A los dos -vinculados a la Policía Federal y a la SIDE del Proceso- se los responsabilizó en sede penal por la presunta desaparición de José Poblete y Gertrudis Hlaczik, quienes fueron secuestrados el 28 de noviembre de 1978, junto a su hija Claudia Victoria, de 8 meses.

Para los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Luraschi que confirmaron lo resuelto por Cavallo, esos delitos constituyen «crímenes contra la humanidad y no pueden ser amnistiados». Los jueces antepusieron la normativa internacional que se incorporó a la Constitución reformada en 1994 para declarar inválidas las mencionadas leyes.

• Curso inquietante

Pero Cavallo no es el único que cree en la inaplicabilidad de esas leyes. Después del fallo de la Cámara, sus pares Jorge Ballestero, Juan José Galeano y María Servini de Cubría en Buenos Aires, Cristina Garzón de Lazcano en Córdoba y otros en juzgados federales de La Plata, Rosario y Bahía Blanca analizan si reabren causas que fueron archivadas por vigencia de los mencionados instrumentos legales. De todos, el caso que despierta mayor inquietud en las filas oficialistas, por las consecuencias que traería en el frente militar en un momento de tribulaciones del gobierno de Fernando de la Rúa, es el de Brinzoni.

El actual jefe del Ejército está acusado por el CELS -comparten la denuncia la diputada del ARI Elisa Carrió y el ex diputado del PJ Adrián Pedrini- ante el juez federal de Resistencia Carlos Skidelsky de ser uno de los presuntos responsables de la masacre de Margarita Belén. En esa localidad chaqueña, el 13 de diciembre de 1976, unas 22 personas -17 de ellas identificadas y otras 5 no- habrían sido fusiladas por una patrulla militar luego de haber sido sacadas de la Unidad Penitenciaria 7, donde se encontraban detenidas. Brinzoni, con el grado de capitán, se desempeñaba como funcionario de la intervención militar a cargo del general Antonio Serrano. El jefe militar negó haber participado de ese hecho pero aceptó conocerlo y haber iniciado una investigación propia que concluyó con la calificación de un fusilamiento y no de un enfrentamiento entre fuerzas combinadas del Ejército y la Policía chaqueña con elementos subversivos, como indicaron los partes de esa época.

La apertura de estas causas, como la evolución de los casos que incluyen el secuestro de menores -crímenes de lesa humanidad que no son prescriptibles-, también preocupa en la Corte que, aunque se expidió en el pasado sobre casos que involucran a los militares en la represión ilegal, todavía no lo ha hecho en el nuevo proceso que se inicia con esta decisión de la Cámara Federal porteña. Por eso se sigue con atención la circulación de un voto que se atribuye al juez Augusto Belluscio en el que se decretarían como «cosa juzgada» los delitos cometidos por militares durante la represión antisubversiva.

• Sumario

Ese borrador -al que en su momento habrían adherido Julio Nazareno y Eduardo Moliné O'Connor- se encuentra paralizado debido a un sumario interno que ordenó la Corte por las filtraciones que se produjeron a la prensa. En los diarios salieron fotocopias del proyecto de Belluscio cuando el expediente circulaba por el despacho de Antonio Boggiano, lo que provocó malestar y duros reproches cruzados. Sin embargo, ante el cariz que tomarán los acontecimientos a partir de la decisión de Irurzun, Cattani y Luraschi, la Corte tendrá que volver sobre el asunto y definirse sobre un tema altamente conflictivo para la sociedad y complicado para el gobierno, porque retrotrae la situación militar a 1987, posiblemente antes de la feria de enero o apenas comience el nuevo año judicial, entre febrero y marzo.