En un marco de cargada tensión por las implicancias que tendrá en la política y en el trabajo legislativo -en el corto y mediano plazo-, el kirchnerismo en Diputados hará uso de su mayoría solitaria en comisión y aprobará hoy la admisibilidad de los pedidos de juicio político contra la Corte Suprema de Justicia. Con este paso, se habilitarán las solicitudes de documentación y de citación de testigos para exponer a los magistrados, ya que el trámite nunca conseguirá los dos tercios en el recinto de la Cámara baja, paso obligatorio para que el proceso se traslade al Senado.
Juicio político contra la Corte: hoy ratifican admisibilidad para iniciar pedidos de documentos y testigos
El kirchnerismo cuenta con 16 de los 31 integrantes y debe definir la cantidad de semanas -o meses- que extenderá el proceso. La oposición rechazará salvo la Coalición Cívica, que sólo apuntará al magistrado Ricardo Lorenzetti, con quien mantiene su propia guerra desde la gestión Cambiemos.
-
Mayans insistió con la propuesta de expulsión a Kueider y advirtió: "Hubo coimas"
-
Exaltado por los datos de inflación, Milei remarcó la épica de su Gobierno en un stream libertario
Para dicha instancia, el oficialismo cuenta con la mayoría en la comisión de Juicio Político, que comanda la diputada kirchnerista Carolina Gaillard (Entre Ríos). Tiene a 16 de los 31 integrantes, por lo que no necesita ayuda de nadie para dar luz verde a la admisibilidad de los reclamos. La oposición no se moverá unida, ya que la Coalición Cívica exigirá, separado al combo de pedidos del kirchnerismo, avalar la solicitud contra el juez Ricardo Lorenzetti, con quien los “lilitos” -representados por Juan Manuel López y Paula Oliveto- mantienen una guerra desde la gestión de Cambiemos.
La comisión tuvo dos reuniones. La semana pasada, una de las voces del kirchnerismo fue la de Eduardo Valdés, quien acusó a los jueces de violar la Constitución y no tener “idoneidad” debido a la sentencia sobre coparticipación -fallo a favor de la Ciudad-; de haber restituido una ley derogada del Consejo de la Magistratura; de querer aplicar la ley del 2x1 en un caso de lesa humanidad; y de desmanejos en la obra social judicial. Sobre la primera cuestión, el legislador aseguró: “Es incomprensible que la Corte ni siquiera haya contestado a los gobernadores de Buenos Aires, Santiago del Estero, Chubut, La Rioja, Santa Cruz, Catamarca, Formosa, Chaco, Tucumán, Santa Fe, Misiones, La Pampa, Entre Ríos y Tierra del Fuego, que se presentaron como amicus curiae del tribunal”.
Valdés luego preguntó: “¿Por qué no escuchó a los gobernadores?” Acto seguido, esbozó que la verdadera explicación sería la relación entre Rosatti y el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que se habría vehiculizado a través de un colaborador de la Corte y el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, que ya habían sido recusados por la Procuración del Tesoro de la Nación.
También se prestó atención a la vieja disputa de la Coalición Cívica contra Lorenzetti. Desde dicho espacio, Oliveto manifestó que el pedido de juicio político “pertenece a nuestro bloque, data de 2017 y fue presentado por Elisa Carrió”, y agregó que “en ese momento nosotros éramos gobierno y no fue acompañado por el presidente Mauricio Macri ni su ministro de Justicia, Germán Garavano”, para después destacar el “respeto” de sus compañeros de otros bloques que conforman Juntos por el Cambio. Por último, dijo que la solicitud “no responde a ninguna motivación de presionar a la Corte Suprema ni es un factor de extorsión”. También se espera, desde el lado del PRO, la argumentación de rechazo que podría dar Pablo Tonelli, sobre quien se apoya el macrismo para delicadezas jurídicas. También se prestará atención a los fundamentos que deslizaría en las próximas horas el jefe del interbloque federal, Alejandro “Topo” Rodríguez, en medio de operaciones del oficialismo para presionar a dicha bancada a sentarse ante una eventual convocatoria del kirchnerismo al recinto para sancionar la nueva moratoria previsional, hoy trabada en la Cámara baja.
Otro tramo importante de la reunión de la semana pasada se dio cuando Patricia Isasa, exdetenida y torturada por la dictadura militar, quiso advertir sin éxito a Rosatti, durante su época de intendente de la ciudad santafecina de Rosario, que tenía como empleado al represor Eduardo Ramos.
En la jornada también disertó la integrante de Madres de Plaza de Mayo -línea fundadora- Nora Cortiñas, quien señaló que los jueces de la Corte “han hecho mucho daño” y que “es el momento oportuno de iniciar este juicio político que no sólo es admisible, sino que llega muy tarde”.
Mientras Diputados avanza con este tema y apura otros dictámenes -anteayer logró el de Monotributo “tech”-, el Senado demora la reanudación del trabajo legislativo por orden de Cristina de Kirchner. Por ahora sólo está agendada la sesión preparatoria del 24-2.
Dejá tu comentario