Menor tasa de interés: la última negociación con el Club de París

La Argentina quiere reducir el nivel “de castigo”, actualmente en el 9% anual, para el pago de intereses. Para que se acceda al pedido habrá que convencer a Japón, Alemania y Países Bajos.

Sergio Massa y Emmanuel Moulin. 

Sergio Massa sigue, en las últimas jornadas de negociación con el Club de París, una ruta de reclamo que había inaugurado Martín Guzmán: pedir una reducción sustancial en la tasa de interés que el organismo le cobra al país por su deuda de u$s2.400 millones, y que actualmente llega al 9% anual. La intención del ministro de Economía es que ese nivel (muy alto) de intereses, se reduzca a un porcentaje más cercano a los niveles del actual mercado internacional y que, eventualmente, si el país no cumple en el futuro con los compromisos que se fijen dentro del plan de pagos que se cierre en las negociaciones; las tasas vuelvan a ser las de castigo. Por ahora rige el “puente de tiempo” negociado por Guzmán a comienzos de año, y que culmina en junio de 2024. Cuanto antes cierre Massa el acuerdo, menos intereses se pagarán.

Se llegue o no a un pacto en este capítulo, la intención de Massa y su equipo es lograr un acuerdo final el 28 de octubre cuando el ministro y sus colaboradores viajen a Francia para encontrarse con el presidente de la entidad, Emmanuel Moulin, quien tiene ese rol en el Club de París al ser el titular del Tesoro de su país. Massa y Moulin se reunieron el viernes pasado en la sede del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la Asamblea conjunta de Otoño de la entidad con el Banco Mundial, para avanzar en las negociaciones y adelantar todos los capítulos pendientes de resolución. Más allá de los aspectos técnicos, entre los términos de fondo sólo la cuestión de las tasas quedó pendiente de resolución; al no ser un tema que pudiera haber resuelto Moulin en soledad.

El titular del Club está ejecutando en estas horas consultas con los otros miembros de la entidad para saber si la reducción de tasas puede ser aplicada en este caso. Le costará a Moulin convencer a acreedores como Japón, Alemania, Países Bajos o Gran Bretaña, socios de la entidad y cansados de los retrasos argentinos.

Dentro del Club, el primer acreedor es Alemania con un 37,37%, dinero generado de manera mixta; con créditos directos para empresas privadas (en los ‘90), sumado a viejas líneas del gobierno alemán a la Argentina de décadas anteriores. En el listado luego aparece Holanda con un 7,98% de la deuda. Se trata de otro caso complicado, donde por cuestiones culturales no existe mucha flexibilidad para países que no cumplen con sus pagos. Los Países Bajos votan tradicionalmente en el board del FMI en contra de los acuerdos que propone Argentina. El cuarto acreedor del país es España, con un 6,68% de la deuda.

Es el rezago generado por el crédito que en 2001 giró el gobierno de José María Aznar, para ayudar a sostener la convertibilidad y los giros de dividendos de las compañías españolas radicadas en el país. El total de ese crédito fue de unos u$s1.100 millones, Argentina los declaró en default en diciembre de 2001 con el resto de la deuda externa argentina y durante la primera etapa de gestión de Néstor Kirchner hubo un intento de negociarla por fuera del Club de París, en mejores condiciones que el resto de los acreedores. La presión del resto de los socios de la Unión Europea hizo que el pasivo se sume a la demanda general del Club de París. Massa quiere cerrar el problema de la deuda con los 22 países acreedores que integran la agrupación, y poder así hablar sobre el futuro de la Argentina en el sistema financiero mundial. Especialmente para liberar líneas de infraestructura y energía que empresas privadas europeas requieren al Banco de Desarrollo para dirigir al mercado local, pero que por los problemas crónicos de incumplimientos y falta de acuerdo (y poco marketing local) están cerrados. Sabe el ministro que muchas empresas de esos sectores, especialmente europeas, están dispuestas a invertir en el país; pero que tienen cerradas las fuentes de financiamiento público ante la exigencia anterior de un acuerdo con Argentina. Es una situación que se repite en los sectores petroleros, laboratorios, minería y obras civiles, donde las intenciones de apostar en la Argentina son concretas, pero el financiamiento prohibido.