Bogotá (Reuters, ANSA, EFE) - Colombia intentó ayer calmar un nuevo escándalo surgido luego de que el gobierno revelara que miembros de la policía estaban interceptando de manera ilegal a funcionarios, periodistas y figuras prominentes de uno de los partidos políticos de oposición.
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En la noche del lunes, el presidente Alvaro Uribe fue forzado a reemplazar al director general de la policía y al jefe de inteligencia de la institución, por no haber conocido esas operaciones clandestinas de sus subalternos.
Entre otras, las grabaciones ilegales habrían probado cómo antiguos miembros de los grupos paramilitares de ultraderecha dirigen actividades criminales desde la prisión.
Uribe ya viene soportando una fuerte presión, por los vínculos de legisladores con paramilitares, acusados de cometer las peores violaciones a los derechos humanos en su guerra sucia contra las guerrillas izquierdistas.
El ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, dijo ayer en una conferencia de prensa que ni Uribe ni los más altos oficiales tenían conocimiento de lo que estaba sucediendo, y rechazó acusaciones de la oposición en el sentido de que es blanco de una campaña de persecución.
«Ni él, ni yo, ni el gobierno tenían idea de lo que estaba sucediendo», se defendió Santos en una conferencia de prensa. Las interceptaciones ilegales son castigadas en Colombia con penas de cárcel que van de 1 a 3 años.
Santos agregó que conoció la información de manos de una persona cuyo nombre no reveló, quien le mostró una serie de documentos que había extraído de un inventario, donde aparecían pinchaduras telefónicas a periodistas y personalidades públicas.
Desarme
Uribe ha negociado el desarme de 31.000 combatientes paramilitares y ha encarcelado a sus dirigentes bajo un polémico acuerdo de paz, que exige la confesión de todos sus delitos y la restauración económica a las víctimas, a cambio de bajas penas de prisión. Pero ha sido fustigado por sus críticos debido a las capturas de 13 legisladores leales, ordenadas por la Corte Suprema de Justicia, por haber tenido vínculos y por haberse beneficiado de las actividades de los paramilitares.
El ex presidente César Gaviria, jefe del Partido Liberal, la principal fuerza opositora a Uribe, dijo que la agrupación promoverá un debate en el Congreso para determinar las acciones que están emprendiendo las autoridades para evitar las interceptaciones ilegales.
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