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La polémica por la mencionada ley mantiene paralizada la construcción del gasoducto central de la Argentina de Repsol YPF y podría derivar en severos problemas de suministro e -indirectamente- a Chile, por lo que su desenlace reviste
La prensa boliviana coincidía ayer en que el dilema del mandatario consiste en que la norma no satisface a ningún sector: la comunidad internacional presiona para que la vete, y los empresarios petroleros la consideran confiscatoria. Pero la izquierda -que la promovió- se muestra ahora descontenta con las reformas que le introdujo el Senado por considerarla insuficiente y de difícil cobro para el fisco. Los movimientos sociales amenazan con una ola nacional de protesta: el 16 harán una marcha a La Paz. Sin embargo, Mesa -afirman-podría tener una motivación para promulgarla: la posibilidad de que, en su lugar, el Congreso sancione una ley de corte todavía más nacionalista y estatista.
«El Diario» de La Paz señalóque «el hermetismo gubernamental aumenta la incertidumbre sobre la promulgación o no de la nueva Ley de Hidrocarburos».
Según «El Diario», el gabinete está «en sesión permanente hasta llegar a una definición sobre este tema». Trascendió que una vez terminado el análisis y las consultas con todos los sectores involucrados, «será una votación en el gabinete el mecanismo que defina la promulgación o no de la norma».
La impasse sobre la Ley de Hidrocarburos está bloqueando, además, el anuncio de un ambicioso plan económico prometido por Mesa, que también incluirá una definición sobre la posibilidad del « ingreso de Bolivia al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos», añadió.
