Fernando Henrique Cardoso y Geraldo Alckmin ayer, al compartir
un acto de campaña en San Pablo. La oposición socialdemócrata
asegura que no dará tregua a Lula da Silva en la
investigación de los últimos escándalos de corrupción por más
que sea reelegido con un gran número de votos.
Brasilia (AFP, EFE) - Las encuestas otorgan al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, una ventaja de entre 20 y 24 puntos para el ballottage del domingo, por lo que los observadores dan por hecha su reelección. Pero coinciden también en alertar sobre un posible problema de gobernabilidad dadas las secuelas de los últimos escándalos de corrupción, que continuarán en su eventual segundo mandato, un temor que se acrecentó ayer con una severa advertencia lanzada por su rival, Geraldo Alckmin.
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El socialdemócrata Alckmin señaló que la oposición no está dispuesta a olvidar los escándalos de corrupción en aras de la gobernabilidad al afirmar que «el Partido de los Trabajadores no puede exigir impunidad. Querer que la oposición sea connivente, querer impunidad, eso no».
En declaraciones realizadas el domingo a la noche en TV Cultura, el ex gobernador de San Pablo añadió que «quien gana gobierna, quien pierde controla. No querer control es no tener aprecio por la democracia».
Lula da Silva y Alckmin sostenían al cierre de esta edición el penúltimo debate televisivo, una de las últimas cartas del socialdemócrata para evitar una derrota.
La figura más relevante del Partido de la Social Democracia Brasileña de Alckmin, el ex presidente Fernando Henrique Cardoso, también se refirió a la cuestión al rechazar las acusaciones de golpismo lanzadas por el oficialismo, que alega que la oposición pretende impugnar o anular las elecciones del domingo.
Según el ex mandatario, esas acusaciones prueban «la diferencia» que hay entre Lula y Alckmin. «En los programas económico y social las diferencias son mínimas, pero en moralidad y en concepto de democracia son enormes», declaró al llegar a un acto proselitista de su correligionario en San Pablo. Cardoso añadió que su partido sólo quiere acabar con la corrupción.
Los líderes oficialistas manifiestan su preocupación por la posibilidad de que la agitación se prolongue y complique la tarea de gobernar.
«Tengo la convicción de que, quienquiera sea el vencedor, oposición y gobierno tienen que conversar serenamente sobre el futuro del país, particularmente sobre la reforma política y la aprobación del Presupuesto», dijo el ministro de Relaciones Institucionales, Tarso Genro, en una entrevista publicada por el diario «O Globo».
«No creo que Alckmin trate, después de las elecciones, de desestabilizar el proceso político», añadió.
Para la consultora Congreso en Foco, las declaraciones de Alckmin «aumentan los temores de que, en caso de ser reelecto, el presidente tenga que enfrentar una 'tercera vuelta', es decir, una serie de acciones articuladas por la oposición para mantener a Lula y sus aliados bajo fuego cruzado». Esa estrategia podría «dificultar la gobernabilidad, principalmente en la aprobación de leyes en el Congreso», añade el análisis.
En la primera vuelta, Lula obtuvo 48,6% de los votos, y Alckmin 41,6%.
Mientras, la campaña siguió ayer transcurriendo por dos vías, la política y la policial, tal como ocurre desde la detención dos semanas antes de la primera vuelta del 1 de octubre de dos personas vinculadas al PT con 800.000 dólares, presuntamente destinados a comprar informes comprometedores para Alckmin.
En la mira
El caso provocó la caída del presidente del PT, Ricardo Berzoini, y de varios miembros de la campaña de Lula. Las últimas denuncias pusieron en la mira a otro allegado del jefe de Estado.
En relación con el « Dossiergate», la policía interrogó ayer a un empresario vinculado al PSDB, quien denunció que las personas que elaboraron el informe contra Alckmin y el gobernador electo de San Pablo, José Serra, también tenían otro, igual de falso, con acusaciones contra Aloizio Mercadante, quien el pasado día 1 fue candidato del PT a esa gobernación.
El empresario Abel Pereira dijo en rueda de prensa que Luiz Antonio Vedoin le ofreció una carpeta contra el PT, en la que líderes de ese partido aparecían implicados con una mafia acusada de cometer millonarios fraudes contra el Estado con la venta de ambulancias.
Pereira es investigado por su posible participación en ese fraude, que tiene como hilo conductor de la investigación a una empresa propiedad de Vedoin, que era la que vendía las ambulancias al Estado valiéndose de sus relaciones políticas y de créditos que le eran concedidos irregularmente por el Congreso.
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