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La resolución aprobada por instancias directivas de la cámara implica que el bloque de Batasuna, que cuenta con siete diputados, pierde las subvenciones como grupo legislativo, explicó a la prensa el presidente de la cámara, el socialista José Luis Castejón.
La medida implica que los legisladores de Batasuna no podrán trabajar en los locales o despachos del grupo ni cobrar la subvención de 23.500 euros (casi igual en dólares) que el Parlamento entregaba mensualmente al bloque.
Los diputados del partido radical vasco pasarán a formar parte del grupo mixto, precisó el legislador.
Castejón indicó que la decisión se basó en el "tenor de los autos del juez Baltasar Garzón" y en el informe jurídico que la cámara navarra había solicitado semanas atrás.
La resolución fue aprobada por la mesa del Parlamento regional, órgano directivo integrado por representantes de cada bloque.
En una primera reacción, el diputado del que fuera bloque Batasuna, Félix Puyo, rechazó la decisión del Parlamento afirmando que "ha consumado la estrategia de acoso y derribo del independentismo vasco en Navarra".
Consideró que constituye la "mayor vulneración de derechos conocida en el ámbito parlamentario" local.
El Parlamento regional del País Vasco (norte) solicitó un informe jurídico similar para decidir el futuro del bloque de la coalición radical vasca, conformado por siete diputados de un total de 75.
El Parlamento de Navarra -que cuenta con 50 diputados en total- recibió la semana pasada una resolución del juez Garzón fechada el 6 de septiembre, en la que aclara que Batasuna no puede funcionar como grupo político en cámaras legislativas.
Esa resolución precisa que la suspensión de Batasuna afecta a "aquellas actividades que puedan desarrollar como grupo fuera de los estrictos límites de la actividad institucional".
El 26 de agosto ese magistrado de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, suspendió las actividades políticas de Batasuna por tres años por "pertenecer al entramado terrorista de ETA".
Paralelamente a la ofensiva judicial lanzada por Garzón, el Gobierno conservador de José María Aznar presentó a principios de septiembre en nombre de los diputados un pedido de ilegalización de Batasuna al Tribunal Supremo. Un pedido similar presentó la Fiscalía General del Estado.
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