Las 38 páginas del nuevo proyecto de ley despertaron las sospechas de la oposición, que considera que se trata de una norma hecha a la medida de Berlusconi.
Las voces que denunciaban supuestas irregularidades se hicieron tan fuertes que la Fiscalía de Tempio Pausania decidió intervenir y abrir una inspección. Sin embargo, la investigación resultó paralizada por parte del Ministerio del Interior, que alegó que la viviendano podía ser examinada por motivos de seguridad.
Pero la Fiscalía de Tempio Pausania no se rindió y, en noviembre pasado, pidió a la Presidencia de Gobierno que le confirmara si, efectivamente, las viviendas propiedad de Silvio Berlusconi entraban dentro de la categoría de «secreto de Estado». En diciembre, llegó dicha ratificación a través de una carta rubricada por el subsecretario de la Presidencia de Gobierno.
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