Así, la norma volverá hoy a Diputados, cuyas bancadas expresaron consenso en expedirla «sin la más mínima tardanza», y Senadores la sancionará de inmediato para luego someterla al presidente Mesa, como establece la Constitución.
Esta ley podría cambiar radicalmente la política hidrocarburífera boliviana, marcadamente privatista desde 1996, cuando se privatizó la mayor parte de las empresas públicas del país, el más pobre del continente.
Opuesto a la nueva ley petrolera boliviana, porque asegura que ahuyentará la inversión extranjera, acabaría con el principio de seguridad jurídica y promovería en consecuencia juicios internacionales contra el Estado, Mesa anticipó el mes pasado, cuando amagó con renunciar, su decisión de vetar la norma.
En la eventualidad de que Mesa la rechace, el Congreso boliviano podría promulgar la ley en un lapso de diez días.
Grupos de trabajadores y otros sectores sociales en Bolivia han señalado que protestarán en caso de que el presidente no firme la ley.
La legislación, que ideó Diputados bajo la influencia del
