La CBH Apuntó entre las seguras secuelas «la pérdida de miles de fuentes de trabajo directas e indirectas que hoy dependen de la actividad petrolera» y «la disminución de la actividad económica» en el todo el país, «con impacto directo en el comercio, la industria y los servicios». También, la «caída de la producción y, por lo tanto, de la recaudación fiscal con el consiguiente deterioro de las actividades desarrolladas por el Estado».
La entrada en vigor de la ley, que restablece las competencias del Estado en la producción petrolera y que fuera votada el jueves último por el Congreso boliviano, anulará los proyectos para desarrollar pequeños campos petroleros y repercutirá, por tanto, en la producción de diésel, carburante imprescindible para la agroindustria del oriente del país.
Por último, en consonancia con el empresariado boliviano y el mismísimo Mesa, vaticinó una «fuerte disminución de la inversión privada en el sector de los hidrocarburos», así como la «afectación de la seguridad jurídica y pérdida general de la credibilidad de las instituciones de la nación».
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